Este jueves ha trascendido una presunta compra de test rápidos que no funcionan con la precisión habitual efectuada por el Gobierno de España a una empresa China. El Ejecutivo devolvió el lote de 9.000 test al fabricante chino Bioeasy, que contaba con la homologación de la Unión Europea.
El Gobierno hizo públicos dos documentos en los que constaban las empresas certificadoras europeas que otorgaron los permisos pertinentes a Bioeasy para que pudiese exportar sus test a los países de la Unión Europea.
La firma belga Qarad, como representante autorizado, fue la encargada de tramitar los permisos europeos de Bioeasy para obtener la calificación CE. “Los test no se prueban previamente. La legislación europea no exige que pasen un control de calidad previo. El distribuidor puede hacerlo pero no está obligado. La regulación va a cambiar en el futuro, seguro, pero de momento es la que es”, asegura Dirk Stynen, alto mando de Qarad, a la Cadena SER.
Esta empresa belga considera que su tarea se enmarca en la revisión de documentos del fabricante, así como el etiquetado y el aval de una declaración de conformidad del mismo con las directivas europeas. “Eso es todo lo que se exige para obtener la etiqueta CE”, señala Stynen.
El CEO de la firma belga asegura que “llegan nuevos tests todos los días, desarrollados a contrarreloj, así que es imposible que tengan la misma calidad que tendrían si hubiesen sido desarrollados a lo largo de un año y medio o dos”. Reconoce que es obvio que “han de cumplir unos requisitos mínimos”, pero la emergencia “complica la situación”.
EN los documentos que publicó el Ejecutivo español se encontraba también un certificado de calidad europeo que rubricó la empresa alamana DakkS. Aseguran desde esta compañía que su función es certificar que Bioeasy cumple requisitos en términos de gestión, pero no en testar sus productos.
