La lucha por comprar material sanitario está siendo contrarreloj. Cada movimiento de mascarillas, test sanitarios, respiradores asistencias o cualquier otro tipo de productos necesarios para proteger a sanitarios y personal esencial en la crisis del coronavirus se observa con lupa. El Gobierno y las comunidades autónomas, de forma coordinada en algunas ocasiones e independiente en otras, tratan de cerrar operaciones en un mercado inestable que presenta una fuerte demanda.

Este jueves ha trascendido una presunta compra de test rápidos que no funcionan con la precisión habitual efectuada por el Gobierno de España a una empresa China. Concretamente, ha sido el diario El País quien ha apuntado en esta dirección, sirviendo su información peticiones de rendición de cuentas de varios grupos de la oposición.

Sin embargo, y según sostiene el Gobierno, “la partida devuelta de test rápidos defectuosos contaba con homologación europea para su compra y comercialización en todo el espacio comunitario”. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha remitido Moncloa en el que se aportan una serie de detalles novedosos sobre esta transacción. “El Gobierno no adquirió estos test a China, sino a un proveedor nacional”, sostienen, argumentando que “esta operación, que no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por el ministro Salvador Illa, se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España”.

Un producto distribuido a través de un proveedor nacional que contaba con el marcado CE: “España se guía por la normativa de la UE y, por tanto, si un producto cuenta con la homologación europea, se puede comercializar y comprar en todo el espacio comunitario”, reza el escrito, antes de aportar toda la cadena de comprobaciones que se realizaron sobre la fiabilidad y homologación de estos test: “Además, por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino. También se comprobó que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre este producto. Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test”.

Finalmente, el Gobierno de España contesta a la embajada china, que, trascendida esta información, ha argumentado que la administración central compró estos test rápidos a una empresa sin licencia: “En ningún caso consta información sobre la empresa china que, según la embajada, no cuenta todavía con la licencia correspondiente en China. Por parte del Ministerio de Sanidad sí se hicieron comprobaciones sobre la fiabilidad del proveedor nacional”.