Una persona muere cada 15 minutos en las listas de espera de la dependencia. Así lo refleja el último Informe del Observatorio de esta materia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, con datos oficiales a fecha 30 de septiembre de 2025, un documento que arroja que el número total de fallecidos en esta situación este año asciende a 25.060.
El texto refleja también que el tiempo medio para que ser resuelvan estos expedientes ha aumentado en dos semanas con respecto al inicio de 2025 y se sitúa en 349 días. En lo que respecta al número de afectados, este ha crecido en 13.695 personas, hasta alcanzar los 284.020. Unas 133.400 están a la espera de valoración, y más de 150.600 aguardando prestaciones y servicios que ya tienen reconocidos.
La dependencia por Comunidades Autónomas
Por Comunidades Autónomas, casi la mitad de las muertes (48,5%) registradas durante el periodo de resolución se concentran en Cataluña (6.851) y Andalucía (5.292), siendo Navarra, la región con menos fallecimientos.
Los territorios catalán y andaluz son también los que tiene mayor número de personas en lista de espera, 81.894 y 51.547 respectivamente, junto la Comunidad Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).
(Gráfico: Observatorio Nacional de la Dependencia)
La comunidad de Madrid, por su parte, tiene 14.208 personas aguardando la prestación o servicio a la que tienen derecho, y solo 589 la valoración. Sin embargo, advierte el informe sería conveniente aclarar cuántas solicitudes están sin grabar en el Sistema.
En términos porcentuales, Canarias (33%), Murcia (22,4%) y Cataluña (19,9%) son las regiones con mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1%), Galicia (2%) y Navarra (2%) se sitúan en el otro lado de la balanza.
.Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, es decir, personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); frente a Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).
Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) son las que lideran el aumento.
Solo cuatro regiones cumplen con los tiempos
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días). Sin embargo, solo hay cuatro Comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla-La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211), por su parte, superan por poco ese plazo, mientras que regiones como Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días), lo triplican.
(Gráfico: Observatorio Nacional de la Dependencia)
País Vasco y Navarra, las que más invierten
En lo que respecta a la inversión, con datos de 2024, las Comunidades que más invirtieron en dependencia fueron País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%), mientras que las que menos porcentaje asumieron fueron La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%).
Recortes y burocracia
Las causas de los retrasos en la tramitación de los expedientes, recoge el informe del Observatorio, son múltiples, aunque principalmente obedecen, por un lado, a los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley que afectaron de forma grave a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención; y por otro, al entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso a prestaciones y servicios.
La mayor parte de las comunidades autónomas establecen para obtenerlos dos procedimientos administrativos encadenados: resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio. En muchos casos, cuando la resolución se resuelve la situación del afectado ha cambiado tanto que hay que volver a empezar.
El texto de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales recoge también que, aunque el Plan de Choque para la dependencia ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera, no ha cumplido los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025.
La interminable dilación de muchos procedimientos hace que los afectados terminen saliendo de las listas de espera por fallecimiento, sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.
