El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la plataforma Derecho a vivir desplegaba una pancarta en contra del aborto en la que se podía leer: “45.000 mujeres mueren de forma violenta cada año en España. Paremos la masacre del aborto”. La imagen era la antesala a la apertura de un “refugio provida”.

Más allá de lo polémico del mensaje y que la inauguración se llevó a cabo, tal y como contó entonces este medio, el día principal en que el feminismo toma las calles; la controversia que engloban al lugar va en varias direcciones. Una de ellas -seguramente la más inmediata- es que se encuentra justo frente a la clínica ginecológica Dator, ubicada también en la calle Goya de Madrid.

Este centro es el primero acreditado en España para la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. ElPlural.com ha querido conocer la opinión de la clínica y si sus responsables consideran un acto de provocación que una plataforma “provida” lleve a cabo su acción justo al lado. “No es baladí”, aseguran a la vez que lamentan que estos grupos “actúan con total impunidad”. “Yo la llamo la sede local del acoso”, desliza nuestra fuente.

A renglón seguido, hace especial hincapié en lo que ocurre los sábados, cuando varias personas se concentran entre los dos lugares para lanzar proclamas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y con mensajes hacia las mujeres que acuden por su propio pie: “Es su día de gloria”.

También nos cuentan cómo actúan estas asociaciones, que operan con lo que ellas mismas denominan ambulancias Vida: “Traen un vehículo ecográfico y hacen todo lo posible para que las mujeres aborten”.

El País detalla en un reportaje sobre las asociaciones antiaborto cómo actúan los “rescatadores” que van a los centros de manera voluntaria y se rigen por un capitán que dirige al ‘grupo’. Una vez que la mujer se derrumba, la llevan a la ambulancia, aparcada de manera estratégica y allí la enseñan fotos del feto y le invitan en ocasiones a un café y hablan con ella. Uno de los máximos exponentes de esta estrategia es Jesús Poveda, polémico doctor y uno de los máximos representantes de la teoría provida en nuestro país; del que ElPlural.com habla también en este artículo.

En cualquier caso, en la clínica aseguran que el número de mujeres que acuden a abortar a su centro no se ha visto afectado por el levantamiento del “refugio”. “No ha repercutido directamente en nuestro caso”, aseguran; aunque lamentan la presión a la que la agrupación somete a las mujeres en un trámite de por sí complicado. “Las mujeres cuando tomamos decisiones son responsables”, aseguran.

Vínculos con la Fundación Madrina

La plataforma que se encuentra detrás de la pancarta se enmarca dentro de la asociación ultracatólica HazteOir, quien ha guardado a su vez relación con Vox, aunque en los últimos meses han anunciado su divorcio después de que el colectivo que ha impulsado durante mucho tiempo a la formación de Santiago Abascal considere al partido de extrema derecha la “derechita cobarde”.

Este medio ha intentado ponerse asimismo en contacto con el “refugio provida” y, en el momento de publicación de estas líneas, no ha obtenido respuesta. Sin embargo, sí parecía dispuesto a remitirnos en primer momento con responsables de la Fundación Madrina. Tras investigar un poco, ElPlural.com ha encontrado noticias según las cuales esta última habría recibido dinero de Derecho a vivir después de que el Ayuntamiento de Madrid le retirase las ayudas tras incluir las demandas de Recupera Madrid en los Presupuestos.

Desde la fundación han negado históricamente que acudan a clínicas abortistas a acosar a mujeres, aunque tanto estos hechos como su carácter en contra de la interrupción voluntaria del embarazo son de sobra conocidos. Cuando son preguntados destacan su ayuda a madres “incluso víctimas de violencia, de abandono o víctimas de trata”, así como su respaldo a personas en situaciones de vulnerabilidad durante la pandemia.

Otra realidad es que uno de los mayores simpatizantes de la Fundación Madrina es Vox; y es que el partido ultra ha llegado a exigir en varias ocasiones -entre ellas a la Comunidad de Madrid- que subvencione a la asociación con la misma cantidad económica en la que lo hacía el Consistorio: 200.000 euros.

Reforma del Código Penal

Este viernes se consuma, previsiblemente, la Reforma del Código Penal mediante la cual el hostigamiento frente a las clínicas de abortos será considerado delito. “A ver qué pasa a partir de entonces”, nos dice en tono esperanzador nuestro contacto en Dator.

La normativa, de la que votaron en contra Vox y PP, propone pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Al margen de esto, desde la clínica adelantan que la Policía acude “de forma habitual” y cuando una mujer se “siente hostigada”. “El Gobierno lo sabe también”, añade.  

El propio Ejecutivo considera necesaria esta medida, obedeciendo a los datos que recoge un estudio de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Del análisis se desprende que un 89% de las usuarias que acuden a los centros se “sienten acosadas” y un 75% de ellas “también amenazadas”, tal y como aseguró en la Cámara Baja la diputada socialista y responsable de la materia, Laura Berja.