Adiós a vivir gratuitamente en el Vaticano para los miembros de la Curia romana. El Papa Francisco ha establecido este martes que ningún dirigente podrá tener un inmueble de la Santa Sede “a título gratuito o en condiciones particularmente favorables”. Lo que afecta a obispos y cardenales con el objetivo de aumentar “los ingresos procedentes de la gestión de los bienes inmuebles” y sanar el déficit en el balance de la Santa Sede de los últimos años agravado por el impacto de la pandemia, una medida que se suma a la decisión de Francisco de recortar los salarios de sus funcionarios hasta el 10% en el caso de los cardenales.

La nueva disposición de la sede central de la Iglesia Católica ha sido publicada por medios italianos como el diario Il Gazzetino y señalan que la nueva legislación titulada Rescriptum no ha sido confirmada de manera oficial por la oficina de comunicación del Vaticano. El decreto ordena “la abolición de los alojamientos gratuitos y ventajosos para cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y sus equivalentes del Tribunal de la Rota Roma”.

La medida se suma para sanar la "particular gravedad" de las cuentas del Vaticano 

El texto no contempla la ejecución de desahucios, pero sí apunta que los arrendamientos de las viviendas sean reprogramados sin perjuicio de los contratos existentes. La nueva disposición indica que “no tiene ningún efecto sobre las facilidades ya concedidas en la fecha de su entrada en vigor, y por lo tanto, los contratos ya estipulados antes de la entrada en vigor de la presente disposición continuarán hasta su vencimiento natural, pero podrán ser prorrogados o renovados solo de acuerdo con las disposiciones anteriores”.

La norma abarca a todos “los inmuebles propiedad de las instituciones y entidades curiales que se refieren a la Santa Sede” y también aplica las rentas por el uso de inmuebles que sean análogos a las que se usan en Italia para aquellos que no trabajan ni prestan servicio a la Santa Sede o al Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras una reunión con el Pontífice, el prefecto de la Secretaría para la Economía Maximino Caballero Ledo transmitió su preocupación por la “particular gravedad” de la situación económica de las cuentas del Vaticano.

Desde entonces, el Papa Francisco ha manifestado la necesidad de que “todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede, aumentando también los ingresos procedentes de la gestión de los bienes inmuebles” al establecer un alquiler a los miembros de la Curia Roma donde algunos residen en grandes palacios.

La Iglesia Católica, en tela de juicio

El Papa Francisco decreta el nuevo reglamento tras la multa impuesta por la Justicia británica a la Iglesia Católica acusada de recibir ingresos de manera irregular por la compra-venta de sus inmuebles. Hasta la misma Santa Sede comunicaba el año pasado la venta del edificio Sloane Avenue número 60, adquirido de manera ilegal que acabó sentando en el banquillo al cardenal italiano Angelo Becciu.

“En los últimos días la Administración del Patrimonio de la Sede apostólica ha completado la venta a Bain Capital del edificio de Sloane Avenue número 60 en Londres, con unos ingresos totales de 186 millones de libras, la Secretaría de Economía siguió todo el procedimiento en sus diferentes etapas”, dice el comunicado.

También se enfrenta a un proceso penal el exbanquero Raffaele Mincione cuya empresa WRM Group presentó una demanda en Luxemburgo contra Credit Suisse y Citco denunciadas por no informar a Mincione sobre las inversiones realizadas en el fondo procedente del Óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones de los fieles a las obras de caridad. La fiscalía del Vaticano señala que las investigaciones transferidas alcanzaron hasta los 100.000 euros. Desde la Santa Sede ya han señalado que la operación ha ocasionado 217 millones de euros en pérdidas sin tocar el fondo de las donaciones.

El cardenal Bacciu recibió hasta 100.000 euros por la compra-venta del edificio de Londres

“Las pérdidas sufridas en comparación con lo gastado en la compra del edificio fueron conferidas a la reserva de la Secretaría de Estado, sin que en ningún caso en esta circunstancia afecte al Óbolo de San Pedro y con él a las donaciones de los fieles”, continúa el comunicado. La Justicia británica ha condenado al Estado de la Ciudad del Vaticano a abonar 200.000 libras.

A principios de febrero, el Pontífice ya había reclamado un “salario universal” para sus miembros de la Curia, “uno estable para resistir en este momento”. “Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”, decía Francisco.

La última vez que se dieron a conocer fue hace tres años cuando el prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero, según Vatican News, la Santa Sede recibió unos ingresos de 248 millones de euros y un gasto de 315 millones de euros. Su patrimonio se eleva hasta los 1,379 millones de euros.