El relator de la ONU en vivienda, Koldo Casla, asegura que “la jueza debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe”.
La ONU dio, a través de su comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el plazo al Estado para suspender el desahucio hasta diciembre, fecha que tenía para emitir un informe sobre medidas adoptadas a fin de evitar el desahucio sin alternativa habitacional. Asimismo, pidió que se suspendiera o se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Sin embargo, no se cumplió.
El profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex y desde el pasado mes de mayo empleado de Naciones Unidas lamenta que “la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado”.
"Si la inversión no es rentable con inquilino dentro, que haya negocio en otra parte”
La ONU dejó claro que “no hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”.
Koldo Casla sentencia que “no debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional”, a la vez que insiste que “todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa”.
El protagonista de estas líneas también sostiene que “un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquilar unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda”, solventando que “si la inversión no es rentable con inquilino dentro, que haya negocio en otra parte”.
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