La Policía Municipal ha denunciado a 75 personas en dos pisos contiguos del distrito madrileño de Tetuán que funcionaban como local de copas sin licencia y burdel clandestino. Cuando las autoridades entraron de madrugada, había más de 70 personas entre señoritas de compañía y clientes, y “ninguna” de ellas cumplían las medidas sanitarias obligatorias frente al coronavirus. “No llevaban ni mascarilla”, tal y como ha recogido El País del portavoz policial.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.40 del pasado sábado, cuando dos agentes vestidos de paisanos se paseaban por la calle Marqués de Viana para vigilar que todos los establecimientos cumpliesen con las medidas de restricciones adoptadas por la Covid-19. De repente, cuando se iban a subir al coche, un hombre les comentó que podían subir a dos pisos cercanos para continuar con la fiesta. El captador explicó a los dos agentes camuflados que su función era ejercer de relaciones públicas y disuadir a la Policía. Este les aseguro que en los pisos podían encontrar “alcohol, chicas y fiesta”.

En la tercera planta del número 11 de Marqués de Viana se localizaba el local clandestino. Los policías subieron y se encontraron dos puertas contiguas, una que daba a un piso que hacía de bar y otra que era un prostíbulo. Ambas se encontraban abiertas, repletas de gente.  

En el piso que ejercía de bar había varias mesas altas con taburetes y una barra con una camarera que vendía copas a 20 euros. Asimismo, ninguna mesa guardaba la distancia de seguridad impuesta. Eso sí, todas tenían un gel hidroalcohólico.

En el otro piso, había 30 mujeres practicando presuntamente la prostitución. Vista la situación, los agentes se identificaron como tal y denunciaron a 75 personas, entre clientes y trabajadoras, ya que ninguno de ellos cumplía las medidas impuestas – mascarillas, distancia de seguridad entre mesas, prohibición de bares abiertos a partir de la una de la madrugada, etc – por la Comunidad de Madrid.

Asimismo, reclamaron al encargado, al que le denunciaron por vulnerar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con una posible sanción entre 10.000 y 600.000 euros, puesto que estos dos lugares no tenían licencia ni salida de emergencia, etc. Además, la Policía investiga por si le pudiesen imputar por un grave delito de salud pública, entre otros.

A finales de agosto, Irene Montero, ministra de Igualdad, reclamó a todas las comunidades que cerrasen todos los lugares de alterne porque podrían acarrear un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”. Además, el ministerio de Sanidad solicitó a las autonomías endurecer las medidas y frenar la propagación en estos lugares. Por otro lado, Salvador Illa, ministro de este último departamento, no los citó en la rueda de prensa en la que decretó el cierre de discotecas y bares de copas.

No es el caso de Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja o Extremadura, que sí lo han hecho. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, comentó el pasado viernes que la capital no puede ordenar concretamente el cierre de lugares de alterne porque es “una actividad que no está regulada” y que queda fuera de la “legalidad administrativa”, recoge El País.