Desde su nacimiento en 1975, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha tenido por bandera su independencia. Tanto sus revistas y análisis presumen de esta virtud y su principal vía de financiación, a través de los pagos de cuotas de los asociados, tiene ese objetivo, según la propia OCU. Al menos, “garantizar la independencia de la organización” con estos pagos era su leitmotiv al pasar al mundo privado con la fundación de OCU Ediciones S.A. y asociarse con la asociación belga de consumidores TEST-ACHATS, en lo que fue el primer paso de la creación de un complejo entramado societario con empresas con sedes en países de presión fiscal laxa como Luxemburgo y Holanda. Pese a todo, las actividades de OCU y los vínculos de varios de sus representantes ponen en tela de juicio la pretendida independencia de la asociación de consumidores.
La OCU es una asociación sin ánimo de lucro por lo que sus cuentas anuales son de suma cero: los ingresos que centraliza a través de OCU y OCU Ediciones S.A. (la empresa privada que gestiona sus publicaciones y la mayoría de suscripciones de los socios) rondan los 30 millones anuales, pero se gastan por completo. La mitad, unos 15,5 millones, se van a las partidas “Promoción y afiliación” y “Otros gastos de explotación”, según ha podido conocer ElPlural.com.
Estos gastos, el 50% de su actividad económica, son precisamente los que más dudas siembran sobre su independencia. Los estatutos de la OCU, en su artículo 25, permiten los “ingresos que obtenga mediante las actividades lícitas que acuerde el Comité de Dirección, siempre que no impliquen merma de la independencia”. Pero buena parte de sus afiliaciones de socios llevan aparejados programas de afiliación, que se financian con esas inversiones de OCU, y que otorgan descuentos en hoteles, restaurantes, seguros de todo tipo, gasolineras, notarías, cursos de formación online… Una práctica que pone en duda la neutralidad de la OCU a la hora de defender a los consumidores frente a las empresas con las que firma convenios de colaboración.
Algunos de los descuentos que ofrece la OCU a través de su programa OCU Plus.
Los pagos a la OCU por cada cliente captado
Otra de las principales actividades de OCU es la gestión de compras centralizadas de servicios de telefonía o energía mediante subastas de paquetes de clientes. Por ejemplo, en 2013 consiguió los datos de casi medio millón de consumidores para una subasta energética que ganó Holaluz, una operadora casi desconocida que se hizo famosa con la gran inversión publicitaria de OCU para esta subasta. Aún así, la eléctrica no volvió a presentarse a siguientes subastas.
OCU promocionó la subasta con el argumento de que los consumidores no tenían que pagar nada por apuntarse, sino que la empresa ganadora pagaría un precio fijo por cada cliente a PrizeWize, un socio del proyecto radicado en Países Bajos. Aunque nunca más volvió a citar a esta empresa, años después en su web OCU aseguraba que “en determinadas compras colectivas”, las empresas adjudicatarias “pueden compensar a OCU Ediciones con una serie de aportaciones con la finalidad de sufragar una parte de los gastos de campaña, desarrollos informáticas, gestión y comunicación de la compra colectiva y la puesta a disposición de cuanta información se genere en la misma”, como recoge Rubén Sánchez en su libro ¿Por qué dejas que te roben?.
Una de las compras colectivas más polémicas de OCU fue la subasta que ganó la empresa de telecomunicaciones Más Móvil, que fue señalada en varios reportajes de El Economista. Ahí se dio la cifra que OCU ingresaría por cada cliente captado para Más Móvil: entre 23 y 38 euros. Este diario se hizo eco de los recelos del resto de operados de móvil sobre la práctica de la OCU, apuntando a un posible “ánimo de lucro”.
Pedro Serrahima, actual directivo de Telefónica y director de Pepephone en tiempos de la polémica subasta, cuenta en el libro de Sánchez que preguntó a “la gente de OCU por qué la compañía que ganase su subasta tenía que pagar una comisión por cada cliente”. La respuesta fue que el dinero iba a “sufragar los gastas que acarreaba la plataforma tecnológica” para realizar la subasta. “No supieron explicar por qué no se abonaba una cantidad única por todos los gastos, sino un pago por cada cliente”, cuenta Serrahima. Es más, este directivo ofreció a la OCU “desarrollar, de forma gratuita, el software para la elección de la mejor oferta”, lo que permitiría a todas las empresas participantes proponer un precio más barato al ahorrarse esas comisiones. “Pese a que esta fórmula era más beneficiosa para los consumidores, me dijeron que no. Así que en Pepephone decidimos no participar”.
La demanda contra Facebook que acabó en "colaboración"
Otro de los episodios más llamativos en la historia de OCU y que generó serias dudas sobre su independencia fue su pretendida ofensiva judicial contra Facebook en defensa de los usuarios de esta red social. En 2018, en pleno escándalo de Cambridge Analytica por la cesión de datos que sirvieron para manipular elecciones, y con la compañía de Mark Zuckerberg aceptando multas de 5.000 millones de dólares, OCU y el entramado internacional de asociaciones del que forma parte, anunciaron que reclamarían un mínimo de 200 euros por cada usuario de Facebook que se sumase a su iniciativa.
El éxito fue total. 250.000 personas se unieron en cuatro países, 47.000 de ellos en España, y facilitaron a OCU y su red sus datos personales para que les representasen en la demanda colectiva. Tres años después, en 2021, OCU envió un correo a todos los adscritos a la demanda anunciando que “OCU ha acordado una colaboración de tres años con Facebook” para “trabajar juntos” en “mejorar la experiencia digital de los consumidores” y “por todo ello ponemos fin a la demanda colectiva presentada por OCU en España, para iniciar un nuevo periodo de colaboración”.
Anuncio de la OCU para cerrar su demanda colectiva contra Facebook a cambio de un acuerdo.
La colaboración consistía en ofrecer a los 47.000 denunciantes la posibilidad de darse de alta en OCU “de manera totalmente gratuita durante 6 meses”, pero ni rastro de los 200 euros de indemnización, como mínimo, prometidos como gancho para la demanda colectiva En su libro ¿Por qué dejas que te roben?, Rubén Sánchez explica cómo solicitó tanto a OCU como al Ministerio de Consumo el acuerdo al que habían llegado con Facebook, para conocer si la red social se encargaría de pagar a la organización los seis meses gratis para cada nuevo socio de la demanda colectiva. “No me enviaron el acuerdo con Meta -el nuevo nombre de la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp- ni tampoco dieron respuesta a ninguna de las cuestiones que les plantee”.
Las polémicas del aceite
Varios focos de atención se han puesto también sobre los cargos y directivos del entramado que conforman OCU, OCU Ediciones S.A., su empresa matriz, Euroconsumers S.A. y la asociación belga de consumidores TEST-ACHATS, propietaria de la mayor parte de participaciones de la organización española. Uno de los casos más llamativos es el de la directora de la OCU, Esther Rodríguez Uceda, quien compagina el cargo con el de apoderada solidaria de la empresa UNO AOVE. S.L, dedicada al comercio de aceite de oliva.
Esta situación ha provocado recelos en el sector aceitero español, puesto que OCU es famosa por sus comparativas y análisis de productos, siendo el ranking de mejores aceites de oliva uno de los más consultados por socios e internautas. Desde el gremio han sido constantes las críticas a las catas de OCU, acusando a la organización de fallos y exigiendo que su metodología y criterios de evaluación fuesen públicos. Desde las aceiteras ANIERAC y ASOLIVA criticaron con dureza en 2018 el polémico informe de OCU que denunció que 15 marcas de aceite de oliva etiquetaban de manera fraudulenta como virgen extra varios de sus productos.
La de Rodríguez Uceda no es la única filiación que levanta suspicacias: hay más en el organigrama de OCU. Por ejemplo, Ana Moreno, consejera desde junio de 2020, es administradora única de Hijos de Ana Aragón Gallardo S.L. una empresa dedicada a la gestión de propiedades inmobiliarias, mientras que una de las ramas de la organización es OCU Inmobiliario, dedicada a los "consejos y asesoría especializada sobre herencias, alquileres, hipotecas, donaciones" y con una revista propia llamada Fincas y Casas-
El abogado "independiente"
Otra de las acciones de OCU que más controversia generó sobre su independencia fue su querella contra la cúpula del Banco Popular por supuesta falsedad contable y estafa al inversor en el año 2016. Uno de los firmantes de aquella querella fue el abogado Elíseo Martínez, aunque fue presentado por OCU como un letrado independiente. Sin embargo, la relación económica entre Martínez está certificada por la Unión Europa. En tanto que grupo de presión e interés, la OCU está registrada en el Portal de Transparencia de la UE donde, además de los 150.000 euros de subvenciones recibidas, consta que la organización pagó entre 50.000 y 99.999 euros a Ius Aequitas como gastos de representación.
La empresa de Ius Aequitas tiene bajo su control otras cuatro compañías como son AC Ius Aequitas Administradores Concursales SLP, Buffete Ius Aequitas Abogadas SLP, Ius & Aequitas Abogados SL y Ius & Aequitas Financiero y Tributario. Todas son propiedad de Elíseo Manuel Martínez Martínez, el abogado que firmó como independiente en la querella de OCU, pero que contaba con una vinculación económica con la organización valorada en decenas de miles de euros.
El entramado empresarial de OCU y OCU Ediciones S.A. con empresas matrices y otras organizaciones de consumidores fuera de España también genera dudas sobre su independencia en lo que respecta a asuntos transfronterizos. De hecho, OCU es parte de la internacional EUROCONSUMERS AISBL, al igual que Test_Achats (Bélgica), Altro Consumo (Italia) y Deco (Portugal). Todas ellas envían dinero a esta matriz para conformar su presupuesto. En el caso de OCU, en el último ejercicio, derivó 208.830 euros.
Euroconsumers: socios y empresas relacionadas
A su vez, Euroconsumers tiene en España una sede, en la Calle Serrano, a pesar de que la OCU es su miembro y la encargada de velar de los derechos de consumidores nacionales. Sus accionistas conocidos, en calidad de representantes y apoderados solidarios, son Eric F. De Maert De Maerteleire, Catherine Luce Mar Mortier Ann-Veronique Francoise y, el único español, Jaume Mingot Mas, que ejerce de representante fiscal.
Se da la circunstancia, como ya se ha visto en anteriores cargos directivos vinculados a la OCU, de que Mingot tiene cargos en una multitud de empresas. Algo que empaña aún más la capacidad de independencia de la red de asociaciones sin ánimo de lucro, en tanto que algunas de sus empresas tienen intereses tangenciales a las actividades que realiza la OCU, como, por ejemplo, la difusión de alertas alimentarias y la defensa de los consumidores frente a estas.
Mingo aparece como apoderado solidario en Benavenir SA, Romar Consulting Empresarial SL, Ren Assessorament i Serveis SL, CD Consultores y Asesores Tributarios SL, Gabinete de Consulting Empresarial SA y Cocina Brindisa SL, una empresa dedicada al mundo de la hostelería y la gestión de restaurantes. Además, es apoderado de AU2 Auditores Asociados y apoderado mancomunado de La Ripollense SL, una empresa cuyo objeto social es el comercio de carne, huevos y caza, pero con actividad declarada en alquiler de bienes inmuebles.
