Los obispos españoles han felicitado a Pedro Sánchez después de ser reelegido como presidente del Gobierno y de prometer su cargo este viernes ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, el arzobispo de Oviedo se ha desmarcado del telegrama tradicional que remite la Conferencia Episcopal al recién elegido jefe del Ejecutivo, acusando al líder socialista de ser un "riesgo para la democracia".

A pesar de todo, los obispos españoles han trasladado sus felicitaciones al recién ungido como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una tradición para la Conferencia Episcopal, que remite un telegrama, firmado por el presidente, Juan José Omella, y su secretario general, César García Magán, al candidato elegido por el Congreso de los Diputados para encabezar el país. Según ha avanzado el medio especializado Religión Digital, no se ha avanzado el contenido de la misiva en cuestión, pero sí aseguran desde la CEE que no trascenderá ninguna valoración oficial de lo sucedido en los últimos días en clave sociopolítica hasta el lunes.

Será entonces cuando el cardenal Omella, según esta información, pronuncie su discurso ante la Asamblea Plenaria, que también se prevé que emita una nota sobre la amnistía y la violencia ultra frente a las sedes del Partido Socialista. Sin embargo, la nota discordante al comunicado y al tono utilizado por la cúpula eclesiástica la pone el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.

La excepción

El prelado, desde las páginas de ABC, denuncia el “modo corrosivo y destructor de plantear la gobernanza de España” por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El texto de Sanz se define a los socialistas como “traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”. A su juicio, la “inesperada expresión popular” se ha intentado “boicotear” mediante el falseamiento de “cifras de participación”, además de introducir “grupos desestabilizadores extremistas cuyas matrices encienden sospechas de una encubierta manipulación”.

En este sentido, Sanz estima que “cuando la sociedad toma la calle para decirlo en voz alta, cuando asociaciones de jueces y fiscales, de colegios profesionales, asociaciones y despachos de abogados, colectivos de funcionarios con sus sindicatos, patronales empresariales, asociaciones de diplomáticos, como también otros colectivos”, España se encuentra ante “algo que preocupa y duele y que no consiente mirar para otro lado pasivamente”.

¿Y la Iglesia? ¿No va a decir nada? ¿Por qué calla y está como ausente?”, se pregunta el prelado de Oviedo, al tiempo que recorría los documentos en los que los obispos tuvieron “una palabra orientadora (…) como denunciadora de riesgos que rompen la historia y la avenencia o pacificadora ante conflictos que tensan, crispan y ponen en jaque la convivencia”. En este sentido, expone que cuando se habla colectivamente o a título particular, es frecuente que quienes se encuentre “gratitud”, pero también señalamientos “como intrusos que han traspasado el umbral impropio de la modernidad metiéndonos en política”. “Tengo experiencia sobrada”, puntualiza Sanz, quien señala como “improcedente” el hecho de “bajar a la arena de un debate partidista constituyéndonos en unas siglas más que aspirasen a tribunas como si quisiéramos recuperar extrañas teocracias y creyentes banderías”, señala.

Por ello reclama que su función “no puede ser política”, a pesar de que hagan “crítica” a según qué derivadas de las administraciones o legislaciones. “Nuestra clave debe ser únicamente moral”, escribe Sanz, aunque a continuación indica que “la insolidaridad chantajista entre regiones autonómicas como moneda de cambio para inconfesables prebendas, divide y crispa mientras que la verdadera igualdad solidaria es la única que fraterniza en la Justicia”. “Que la venganza tergiversadora al reescribir la historia no sucedida imponiendo su relato partidista reabre heridas en una sociedad que vuelve a enfrentarse. Que en un Estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente poniendo en riesgo la democracia”, remata.