Estoy casi segura de que la frase más repetida este verano en los medios de comunicación ha sido “España no es racista”, y, sin embargo, la inquietud por la inmigración ha pasado de una posición residual en las encuestas del CIS a ser la cuarta preocupación de la población española. Este aumento de posiciones no tiene por qué implicar que detrás de ese nerviosismo haya una población racista, pero sin duda supone que el empeño del bloque político de la derecha de hacer de la inmigración uno de los temas centrales del debate público da sus frutos, motivo suficiente para preguntarnos si la forma en que debatimos sobre migraciones ayuda a consolidar una España no racista.
No pierdo mucho tiempo en señalar lo obvio: la postura oficial del PP, tanto la que emiten portavoces oficiales como Tellado y el propio Feijóo, como la que emiten los portavoces no oficiales como Albiol, no sitúan el debate en la migración sino en la inseguridad, y no es casual, es una decisión consciente de un partido que aspira a unificar todo el voto de su bloque, desde el extremo hasta el centro, para lograr la tan ansiada (y probablemente ilusoria) mayoría absoluta.
En la mayor parte de los países de Europa este tipo de estrategias, lejos de salvar a la derecha tradicional, han alimentado a la extrema derecha facilitando su crecimiento electoral, pero sin duda ha sido efectiva desmovilizando y abriendo brecha en la lealtad del votante progresista. Este efecto secundario no es tanto mérito de la derecha, sino demérito de la errática respuesta de la izquierda. España, sea racista o no, no está siendo una excepción en este efecto, una preocupación no escala cuatro puestos en el CIS en un mes si no es transversal entre el electorado de ambos bloques.
No es nueva la incapacidad de las fuerzas progresistas para combatir el discurso racista en torno a la migración, por eso es aún más llamativo que se comentan los mismos errores década tras década. El primer error es aceptar debatir de un tema que no es el central -si nadie aceptaría hablar de accidentes de tráfico cuando el tema fuese las urgencias sanitarias, ¿por qué aceptamos hablar de seguridad ciudadana cuando el tema es la migración?-.
Si hay un problema de inseguridad, de aumento de delincuencia en el conjunto del país o de lentitud en la justicia que da sensación de impunidad a la población y a los delincuentes, debemos analizar por qué se produce, o por qué se percibe esa inseguridad, y sobre esa realidad conflictiva poner soluciones encima de la mesa. Sería un buen debate en el que preguntarles a algunos alcaldes que hablan mucho qué estan haciendo ellos por garantizar la convivencia, la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos en sus ciudades. También podemos dejar de hablar de jueces y política y preguntarnos por la eficacia de una justicia que a fuerza de lentitud se vuelve injusta.
El segundo error es empeñarnos en ofrecer datos para combatir un discurso racista. El racismo, reconocido o latente, se sustenta en lo más profundo de los valores y miedos de las personas, en la construcción cultural que cada sociedad hace del nosotros y del ellos, y en los atributos y valores que le otorga a los grupos de esa división, una construcción tan profunda y emocional no se modifica aportando los hechos que demuestran que no hay correlación entre delincuencia y raza, si así fuera, el racismo habría desaparecido hace décadas de nuestras sociedades.
Y aquí también tenemos campo en el que defender que el mejor antídoto contra el racismo es evitar la contradicción entre la formulación retórica de igualdad de derechos que refleja nuestra constitución, y una realidad en la que las personas de otro origen y otra raza son tratados como ciudadanía de segunda. No ser un país racista es ser coherente con el mandato constitucional que establece que la ciudadanía de origen español tienen los mismos derechos que la de origen extranjero, y por tanto, la pregunta es ¿Quién es ciudadano español? Aquí debería ser claro para la izquierda que lo es quien vive y trabaja (o estudia) y por tanto cumple con sus obligaciones con la sociedad y con el Estado, y en base a esta premisa deberíamos llegar a corregir el último y tercer error, que es no explicar con claridad nuestra propuesta concreta en política migratoria, que pasa necesariamente por reformar una ley de extranjería que a día de hoy obliga a mantenerse en situación irregular durante tres años a todo el que llegue a nuestro país en cualquier circunstancia que no sea un contrato laboral en origen, es decir la mayoría de la población migrante.
Me extenderé en este último punto en el siguiente artículo.
