Meta, la empresa de Mark Zuckerberg encargada de gestionar redes sociales, y la red de reproducción de vídeos, YouTube, han sido condenadas por generar adicciones en menores de edad. Según ha trasladado este miércoles el jurado encargado del caso, las plataformas investigadas han sido declaradas “negligentes” y asegura que están diseñadas con el fin de causar adicción. La condena recae en una multa que asciende a los tres millones de dólares por daños de compensación para K.G.K, mujer que presentó la denuncia. Además, a dicha cantidad se sumará una indemnización adicional por daños punitivos destinada a sancionar a las empresas, lo que abre la puerta a un aumento tanto de la multa como del número de plataformas afectadas.
La investigación comenzó a finales de enero en Los Ángeles (California) y tenía como objetivo estudiar la implicación de los gigantes tecnológicos sobre el desarrollo en el funcionamiento de las redes sociales y sus consecuencias en menores. Es así como, tras varios días de reflexión, el jurado encargado en la investigación ha dictaminado que tanto Meta que la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, como la plataforma de vídeo YouTube cuentan con un diseño en su mecanismo que favorece a la adicción, por lo que han sido definida como “negligentes”.
El caso se trata de proceso judicial pionero en Estados Unidos cuya decisión podría marcar un punto de inflexión en la manera en que niños y adolescentes se relacionan con las redes sociales. El motivo de que este juicio ha coincidido con otro procedimiento desarrollado en el estado de Nuevo México ha supuesto un hito en el ámbito legal y ha llevado por primera vez a Mark Zuckerberg ante los tribunales. Ambos procesos son considerados el inicio de una serie de demandas, especialmente en California, donde se prevé la presentación de centenares de casos promovidos por familias, asociaciones y distritos escolares que ya tratan esta cuestión como un problema de interés público y exigen responsabilidades a las plataformas digitales.
Este camino al cambio tecnológico lo ha iniciado la denunciante de 20 años Kaley G. M, aunque cabe destacar que era menor de edad cuando se produjeron los hechos denunciados. Tanto K.G.M como su familia lograron una resolución favorable en el proceso judicial, además de que su historia ha tenido una gran repercusión social debido a los paralelismos que numerosos padres han identificado con las experiencias de sus propios hijos.
La denunciante explicó que comenzó a utilizar internet a los seis años, principalmente a través de vídeos en YouTube. Más tarde, a los nueve, con su primer teléfono móvil, ya era usuaria de Instagram, hasta que a los diez años se incorporó a TikTok (entonces conocido como Musical.ly) y, a los once, empezó a usar Snapchat. Lo destacable, y el punto que resalta la víctima de estas redes, es que en aquel periodo llegó a pasar hasta 16 horas diarias conectada a estas aplicaciones y desarrolló una dependencia severa del teléfono móvil, hasta el punto de sufrir ataques de pánico cuando sus padres intentaban limitar su uso. La denunciante atravesó una etapa de depresión, ansiedad y sufrió problemas de dismorfia corporal por lo que Meta, que ha mostrado su desacuerdo con el veredicto, tendrá que pagarle un 70% mientras que YouTube, un 30%.
“Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro”, testificó la madre de Kaley en el juicio quien comentó que su hija no tenía “memoria a largo plazo” y no sabía vivir separada del dispositivo, apuntando que, si se lo llegaban a requisar, esta montaba “una batalla solo con que toques su móvil”.
La resolución del caso de Los Ángeles se produce de forma paralela a otro juicio de naturaleza similar, aunque con menor repercusión mediática, celebrado en el estado de Nuevo México desde el pasado 9 de febrero. En este segundo proceso, el jurado determinó que Meta había antepuesto los beneficios económicos a la seguridad de los menores, una decisión que afectó negativamente a su salud mental y los expuso a situaciones de riesgo. Por ello, la compañía fue condenada a abonar 375 millones de dólares en concepto de daños.
