Rubén Calleja, el niño con Síndrome de Down al que la Junta de Castilla y León no deja estudiar en un colegio normal. Rubén Calleja, el niño con Síndrome de Down al que la Junta de Castilla y León no deja estudiar en un colegio normal.



Tres años lleva Alejandro Calleja, el padre de Rubén, tratando de que su hijo pueda asistir a clase a un colegio inclusivo como lo hacía desde que empezó el colegio hasta que la Junta de Castilla y León decidió enviarle a un centro de Educación Especial. La familia ha llegado hasta el Tribunal Constitucional que ahora debe resolver el recurso de amparo presentado. Más de cien mil personas han firmado ya en Change.Org la petición para que Rubén vuelva a un centro “normal”.

DOWN ESPAÑA y Alejandro Calleja (padre del niño), han lanzado una petición online en el portal Change.org que reclama a la Junta de Castilla y León “que le dé plaza a Rubén, un niño con síndrome de Down de León, en un cole normal para el próximo curso”. La petición, a las que se accede a través del enlace www.change.org/uncolepararuben, ha conseguido ya el apoyo de más de 100.000 firmas y en aumento.

El profesor le insultaba
El padre del niño explica en la petición que “Rubén siempre ha ido a un cole “normal”. Estaba integrado con sus compañeros, y con apoyo iba aprendiendo y avanzando. Hasta que llegó un nuevo profesor. Rubén empezó a estar raro, arisco, no sabíamos lo que le pasaba. Otros padres nos contaron lo que sus hijos le decían: que el profesor atacaba a Rubén, le insultaba e incluso le agredía. Imagínate cómo nos sentimos. Afortunadamente muchos padres nos apoyaron, y conseguimos que la Dirección Provincial de Educación de León cambiase al profe”.

La Consejería no consultó
“Al siguiente año Rubén continuó en el centro esta vez con otro profesor tutor, pero la situación en vez de mejorar empeoró más aún, porque el nuevo profesor no le aceptaba en el aula. Al final la Consejería decidió, sin consultarnos ni tener en cuenta nuestra opinión, enviar a Rubén a un centro de Educación Especial. Nos negamos, porque creemos en que en ese centro nuestro hijo iba a sufrir una regresión importante. Por eso Rubén lleva dos años aprendiendo en casa”, añade Alejandro Calleja en la petición.

Batalla judicial
A partir de ahí comenzó una larga batalla judicial que se inició en el año 2011 cuando los padres recibieron la llamada telefónica del colegio de educación especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón para matricular allí a su hijo. Rubén tenía 11 once años y desde los tres asistía a clase en una escuela inclusiva de la capital, el colegio González de Lama. Los padres se negaron a que el niño acudiese a ese centro de educación especial reclamando su derecho a seguir en un sistema de educación inclusiva.

Rechazo del tribunal de Castilla y León
La familia planteó batalla primero de palabra y luego por escrito ante la administración educativa y ante la jurisdicción contenciosa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admitió en su sentencia que, efectivamente, la situación en el centro no fue la adecuada a las necesidades del menor y que faltó colaboración de parte del profesorado. Sin embargo no admitió la petición de la familia para la escolarización en un centro ordinario.

Al Constitucional
Los informes del equipo psicopedagógico, que recomiendan esta derivación, son definitivos en el caso de Rubén, pero su familia y el psicólogo Miguel Ángel Castañón, que conoce a Rubén desde su nacimiento, cuestionan estos informes técnicos. Los padres de Rubén han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, apelando a los artículos 27 y 14 de la Constitución Española así como a la citada Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad.

Respaldo de Down España
La Asociación Down España respalda el derecho de Rubén a la educación inclusiva. “Este derecho está recogido en la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, firmada por España y de plena vigencia en nuestro país, que establece que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás