Juan Muñoz, empresario y marido de la periodista Ana Rosa Quintana, junto a su hermano y sus dos abogados se encuentran imputados por delito de encubrimiento, revelación de secretos y extorsión, por contratar supuestamente los servicios del excomisario José Manuel Villarejo.

Los detenidos son acusados de haber consultado a Villarejo cómo podían presionar a una persona que les debía dinero. El excomisario ofreció extorsionar al abogado, no al deudor. Y esta extorsión ofrecida consistía en un vídeo en el que aparecía, presuntamente, el abogado, Francisco Javier de Urquía, con dos prostitutas consumiendo cocaína, según fuentes jurídicas.

Antes de ser letrado, Urquía ejerció de juez pero fue apartado de la carrera por corrupción.

El marido de Ana Rosa Quintana ha sido el único con quien el juez no ha adoptado medidas cautelares, como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido prisión para ninguno de ellos. Por otro lado, su hermano y sus dos abogados deberán comparecer cada mes y pedir autorización judicial cuando tengan intención de salir de España.

Este jueves declararon ante el juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional para explicar su relación con el excomisario. El magistrado está al frente del caso Tándem, centrado en las presuntas irregularidades cometidas por Villarejo. Las detenciones se produjeron a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez preguntó a los Muñoz si conocían los métodos que empleaba el excomisario en sus investigaciones. Según informa El Español, Juan Muñoz, su hermano y sus abogados se pusieron en contacto con Villarejo para que este gestionara una deuda que tenían con unos clientes. Concretamente, les pidieron que elaborase un informe patrimonial de estos. Villarejo les ofreció un vídeo “comprometedor” de Francisco Javier de Urquía aunque nunca habrían aceptado este archivo ni tampoco hicieron uso de él.

Al salir de la Audiencia Nacional, Juan Muñoz atendió a los medios de comunicación y manifestó que estaba contento por haber quedado en libertad y recalcó su orgullo de haber colaborado con la justicia.

Estos mismos delitos han sido motivo de imputación para el excomisario y su socio, el abogado Rafael Redondo, los únicos que permanecen en prisión tras ser detenidos en noviembre en la Operación Tándem. Aunque se han acogido a su derecho a no declarar y no han acudido a su cita con el juez para tomarles declaración de los hechos.

El marido de Ana Rosa fue detenido en Madrid y su hermano en Andalucía, al mismo tiempo que se practicaban registros en Sotogrande, Marbella y Madrid.

Las acusaciones sobre los hermanos Muñoz y sus abogados se basan en las conversaciones intervenidas al excomisario en los registros efectuados cuando se produjo su detención. Estas grabaciones que se están analizando por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y que va remitiendo al juez de la Audiencia Nacional en diferentes informes.

El mismo día que estas detenciones se produjeron, Villarejo volvió a pedir al juez su puesta en libertad argumentando que, con el archivo en tres de las cinco piezas del caso, se habían “debilitado” los indicios contra él, por lo que se consideraba que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

El excomisario lleva nueve meses en prisión por la presunta implicación en una trama de corrupción dentro de la Policía. Entre ellos, el de organización criminal. Esta causa sigue todavía bajo secreto de sumario.