Miles de policías y guardias civiles han vuelto a las calles este sábado para mostrar su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, la conocida como Ley Mordaza.
La iniciativa, surgida del polémico sindicato Jusapol, ha contado con el apoyo de distintas organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales; incluido el SUP, el que fuera sindicato mayoritario dentro de la policía y que en 2015 se pronunció en contra de la nueva norma del ministerio que lideraba Jorge Fernández Díaz.
Y es que no son pocas las voces que ven en esta movilización notorias intenciones políticas. No en vano ha estado apoyada por las formaciones de derechas PP y Cs y por la ultraderecha, Vox.
No obstante, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado también voces discordantes que se pronuncian a favor de la abolición de la controvertida ley de 2015.
Es el caso de la Agrupación Reformista de Policías (ARP) que defiende la derogación de la actual ley de seguridad ciudadana, una norma que consideran “mejorable”, e, incluso, “perjudicial en muchos apartados para los propios miembros del Cuerpo de Policía Nacional y para la ciudadanía en general”.
Quienes se movilizan este sábado alegan su oposición a que los agentes puedan volver a ser grabados durante el ejercicio de su actividad profesional, a que se elimine su presunción de veracidad, que puedan celebrarse manifestaciones no comunicadas y que se establezca de nuevo en dos horas el plazo de tiempo para un arrestado sea identificado.
Desde ARP, por el contrario, recuerdan que la legislación actual es “inadecuada” y “confronta con las libertades y derechos ciudadanos que establecen tanto la Constitución como los diferentes tratados internacionales a los que estamos adheridos”.
Hasta 270 organizaciones han firmado en contra de la Ley Mordaza, una denominación que han aceptado diferentes organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Human Rights Watch o Transparency Internacional. “Todos ellos se han pronunciado en contra de una norma que supone “una grave vulneración de los derechos y libertades fundamentales de innumerables formas”, subrayan.
Del mismo modo, apuntan, la actual legislación ha propiciado “un lógico desprestigio y malestar hacia las instituciones policiales por buena parte de la sociedad al verse desposeídos en muchos aspectos del debido servicio público y sustituido por prácticas o procedimientos impropios en un estado democrático”.
A juicio de esta agrupación “estamos ante otra utilización partidista del colectivo policial”. “Lamentablemente el fin de las movilizaciones no tiene que ver con las condiciones de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sino con desgastar a un gobierno de un signo político que no agrada a los que están detrás de esta antidemocrática estrategia”, precisa. Para evitar este tipo de situaciones, sostienen, las políticas sobre seguridad ciudadana deberían aprobarse en consenso.
Críticas a Interior y a la Dirección General de Policía
Pese a pronunciarse claramente a favor de la derogación de la Ley Mordaza, ARP se muestra muy crítica con el Ministerio del Interior cuya directrices, dicen, son “débiles y desconcertantes” y demuestran “inseguridad política”, tal y como demuestra “lo sucedido en Ceuta con los menores devueltos a Marruecos, en Cádiz o en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña”.
La actuación del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska y la de la propia Dirección General de la Policía es la que está propiciando, sostienen, “estas reacciones de miles de funcionarios inmersos en una profunda crisis institucional y sindical que no tiene paragón”.
ARP denuncia que el sistema de representación sindical en los cuerpos policiales está “anclado en un corporativismo rancio, alejado del resto del funcionariado sin derechos y deberes, al amparo de leyes concebidas para una policía nacional propia del siglo pasado” y que esto ha permitido a gobiernos con mayorías absolutas “cambios bruscos en el funcionamiento y objetivos de estas instituciones, en alguna ocasión, sancionadas por el tribunal constitucional por el componente irregular de algunas normas”.
Del mismo modo, la Agrupación considera un error que el anuncio de la derogación de la Ley Mordaza la hiciera un diputado que ni siquiera forma parte del Ministerio del Interior, así como que la ministra de Defensa saliera a justificar la presencia del “blindado de la UIP” en Cádiz.
“Ha de ser el ministro quien dé respuesta a todas estas demandas e intenciones del gobierno”, concluyen, mostrando su convencimiento de la necesidad de que el titular de Interior presente su dimisión y se releve la cúpula policial de la Dirección General de la Policía.
