El Juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas (Pontevedra) ha abierto diligencias contra la consejera delegada de la gestora de residencias de ancianos DomusVi España, Josefina Fernández, y contra dos altos cargos de la Xunta por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional.

La denuncia incluye, además de a la consejera delegada de DomusVI a la jefa de los Servicios de Inspección de Mayores, María Berta Besada y el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Idelfonso de la Campa. 

La querella fue presentada por las familias de dos residentes, una de ellas fue sacada del centro en pleno estado de alarma tras ''50 caídas'', y la otra anciana falleció en la residencia.

Las familias piden que se investigue

Los denunciantes piden la elaboración por parte de la médico forense de un informe sobre la existencia de alguna acción u omisión que haya producido el contagio por coronavirus, o para constatar si ha habido un tratamiento que haya influido en el fallecimiento de una de las usuarias, según adelanta Público.

Las familias esperan que se investigue si hubo ''acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional'', por lo que pedirá también los historiales médicos de las residentes, para determinar si se debe abrir juicio oral formal, solicitar más diligencias, o archivarlas definitivamente.

Una de las ancianas sufrió "numerosas caídas"

Una de las hijas pudo rescatar a su madre, residente de Domusvi Aldán-Cangas desde agosto de 2019 hasta el 14 de mayo de 2020, después de que la autoridad sanitaria lo aceptase durante el estado de alarma. Ha hecho responsable a la residencia privada de la ''falta de cuidado y/o auxilio adecuado'' de las ''lesiones sufridas derivadas del diagnóstico positivo por covid-19'' y de las ''lesiones sufridas por las numerosas caídas que se registraron y no se trataron debidamente''.

Sobre las reiteradas caídas de la anciana denunciadas por su hija, según subraya el juez, de haberse producido y debido a la falta de información ''no pueden calificarse como delito'', pero que sí se haya recogida en el contrato ''la obligación de vigilancia'', lo que podría suponer una ''responsabilidad contractual''.

La otra anciana murió en el hospital

La otra hija, en representación de su madre fallecida, afirma que la mujer ingresó el día 10 de abril de 2020 en el Hospital Álvaro Cunqueiro por una ''severa deshidratación'' y murió 11 días después. Mantiene que su muerte ''se deriva sin género de dudas de la mala gestión de la crisis por parte de las querelladas, que esperaron a que la residente presentara un cuadro de tal gravedad que todo intento por preservar su vida'' por parte de la plantilla del Sergas fue ''totalmente en vano'', ya que en el momento del ingreso ''presentaba un cuadro grave de deshidratación y una insuficiencia respiratoria y renal imposible de superar''.