El rector de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y su gerente general, Luis Mediero, han sido imputados tras una querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles, ante posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad de documento público, según informa Madrid Actual.

En un auto, de fecha de 9 de junio, el juez cita en calidad de investigado al rector y a Luis Mediero del próximo 1 de octubre, tras la querella presentada por el profesor Jorge Urosa Sánchez, quien era hasta hace un año y medio el director del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la URJC.

Un contrato de más de 260.000 euros

El centro tenía como función las relaciones de las empresas con la universidad con el fin de preparar a los alumnos de cara al mercado laboral y facturaba casi dos millones de euros anuales en formación, según datos de la cita publicación.

En medio de la crisis que afectó a la universidad, por los polémicos máster a políticos, el rector convocó un concurso para encargar una auditoría al centro, que ganó la empresa Grant Thornton SLP por un importe de 261.791,97 euros. 

La auditoría pretendía examinar la información financiera y contable de la gestión de Jorge Urosa al frente del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP).

Según el citado diario, el estudio no desveló ningún delito de gestión, y el rector contrató al bufete de abogados Baker & Mckenzie buscando el despido de Urosa. El rector habría fichado al despacho antes de iniciar el expediente de contratación, violentando el procedimiento administrativo requerido.

El rector dice que la auditoría detectó irregularidades

Según el rector, la auditoría “ha encontrado incumplimientos de normativa y minoración de controles, así como desajustes contables que han podido causar perjuicios económicos a nuestra Universidad”, y anunció que cerraría el Centro Integral de Formación Permanente. Esto finalmente no se produjo.

A continuación el Rector abrió un expediente sancionador a Urosa acusándole de haber realizado cursos muy largos, que deberían haber sido títulos propios. Sin embargo, la querella afirma que la finalidad del rector era la “persecución a disidentes de la política del Rectorado”.

El profesor le acusa de malversar fondos

En la presentación de la querella de Urosa se afirma que “a sabiendas de que existía una auditoría con la obligación de tipificar los posibles delitos, a sabiendas de que se tenía contratado un despacho de abogados cuya labor era el asesoramiento y litigación en el orden penal por valor de 120.000 euros se continuó con la contratación de un contrato menor que en realidad ya se había encargado y realizado, es decir que habiéndose gastado más de 380.000 euros para realizar la función de tipificar los hechos y las actividades del CIFP, el Rector y el Gerente General deciden volver a disponer de fondos públicos para justificar una nueva contratación contra los informes de la intervención general de la URJC”.