El Centro de Atención y Recuperación Integral de Mujeres y sus Hijos e Hijas víctimas de violencia de género, gestionado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD) se ve abocado al cierre por el el enfrentamiento de responsabilidades entre Ministerio de Igualdad y la Comunidad de Madrid sobre su financiación.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, respondió a una carta emitida por los secretarios de Estado de las carteras de Igualdad y Derechos Sociales y Agenda 2030, que recibió con “cierto asombro y perplejidad”, en la que se pedía una aclaración sobre el traslado de responsabilidades a la autonomía acerca de la viabilidad económica del centro de Coslada acorde a las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género. 

"Teniendo en cuenta que, según el marco legislativo, gubernativo y jurisprudencial, nuestros Ministerios carecen de habilitación legal y de competencias para configurar otro sistema de reparto, nos dirigimos a usted para solicitarle su atención urgente con el objetivo de proteger la red de servicios de atención directa creada en la Comunidad de Madrid frente a la violencia de género y el trabajo que las entidades sociales realizan en este sentido", rezaba el escrito remitido por el Gobierno central a la autonomía. “No podemos aceptar que, debido a una incorrecta gestión del Ministerio, se traslade ahora a la Comunidad de Madrid el problema de este centro, alegando para ello falta de competencia por parte del Estado”, alegó como respuesta la Consejería.

"No se puede jugar al tenis con este centro"

Desde ElPlural.com, nos hemos puesto en contacto con la presidenta de la FAMSD, Ana María Pérez del Campo, que aún se encuentra a la espera de recibir una solución a su dramática situación. Su proyecto, pionero en Europa y con una trayectoria de hasta 30 años, se encuentra al borde del cierre por falta de apoyo económico. “Le pedí la subvención al Ministerio. Es inadmisible que le pasen la responsabilidad a la Comunidad de Madrid”, asegura.

“No se puede jugar al tenis con este centro. Pido responsabilidad a todo el mundo, pero es el Ministerio el que tenía que haber pagado sin reducir ni un céntimo”. Y es que la última subvención que recibió el proyecto, además de llegar con retraso, sufrió una notable reducción: de los 800.000 euros recibidos por el Estado, este mes de mayo han percibido 260.641 euros, un 75%. Asimismo, la cantidad que reciben por parte del Gobierno regional tampoco llega a cubrir las necesidades de este con 60.000 euros.

“No es una casa de acogida, ni un refugio, es un centro de recuperación”, recuerda Pérez del Campo. “No somos nosotras las únicas a las que le han hecho esto. A todas las organizaciones les han rebajado las subvenciones en Madrid”, condena.

Polémica reducción de subvenciones

Tal y como reza la carta remitida al Ministerio de Igualdad a la que ha tenido acceso este medio, la Federación ha venido percibiendo del Estado desde el nacimiento del proyecto “subvenciones provenientes del 0,7% del IRPF”, situación que se mantuvo hasta 2017, cuando las responsabilidades se traspasaron a las autonomías, aunque, en 2021, el Ministerio redujo considerablemente la cuantía.

El acuerdo se aprobó en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia un sistema de reparto de los fondos correspondientes al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (80% de los recursos para el tramo autonómico y un 20% para el tramo estatal), igualmente a propuesta del propio Ministerio se aprobó que ese traspaso se realizara en dos años (hasta 2023), motivando dicha propuesta en que "no haya ningún actor, ninguna comunidad autónoma, y tampoco, ninguna entidad estatal que sufra una merma de recursos de un año para otro".

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha asegurado que en ningún momento han sido comunicados por el Ministerio de Derechos Sociales de la necesidad de hacerse cargo del centro de Coslada. Asimismo, ha recordado que la Red de atención de Centros de la Comunidad de Madrid para las víctimas de violencia de género es gratuita, pública y financiada por la autonomía.

Igualdad busca fórmulas para ayudar al centro

Según ha aclarado el Ministerio dirigido por Irene Montero en conversaciones con ElPlural.com, actualmente se encuentran buscando “fórmulas” con el resto de departamentos del Gobierno para intentar ayudar al centro de recuperación integral de víctimas de violencia de género de Coslada. Apoyándose así en la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, en la que se recuerda no se puede subvencionar la atención directa al ser competencia de las Comunidades Autónomas.

“El Tribunal Constitucional establece que el Estado carece de competencias en materia de asistencia social y estas son asumidas estatuariamente como exclusivas por todas las comunidades y ciudades autónomas. Por este motivo, no resulta posible seguir financiando programas que impliquen asistencia social directa”, defiende Igualdad.

Por su parte, el Ministerio dirigido por Ione Belarra ya llegó a un acuerdo en 2021 en el que el Estado puede financiar, de manera “excepcional y muy restringida”, los proyectos que se desarrollen en, al menos, siete autonomías, que sean imposibles de fragmentar en 17 programas y “que concurran a las convocatorias del 0,7% del tramo autonómico”.

Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recuerda que destinará durante este año a Madrid 17 millones de euros para el desarrollo de dichas competencias. “Todas las entidades afectadas por la sentencia sabían desde 2021 que debían solicitar más financiación a las Comunidades Autónomas por este motivo”.

Desde Igualdad, remarcan, ya propusieron que el 1% de los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género vayan destinados a la financiación de las entidades que trabajan con víctimas de violencia machista.