PP, PSOE y Ciudadanos acuerdan modificar la Ley de Propiedad Itelectual -'ley Sinde'- para hacer una enmienda al punto que señalaba que un juez debía aprobar previamente el cierre de una web. A partir de ahora, cuando exista "reiteración por segunda vez de actividades ilícitas", el prestador de servicios de internet que aloje el contenido deberá ejecutar "la medida de colaboración" solicitada desde el Ministerio de Cultura.

Esta reforma del artículo 122 elimina la autorización judicial que había introducido la ministra con Zapatero, Ángeles González-Sinde, y deja en manos del ejecutivo la decisión, agilizando así el cierre de aquellas webs que ya hayan vulnerado previamente los derechos de propiedad intelectual con réplicas de series, películas o canciones.

Pese a que algunos generadores de contenido reclamaban una reforma que eliminase a los jueces del procedimiento para poder ganar efectividad, otras asociaciones han criticado este acuerdo. Según Adigital (Asociación Española de Economía Digital con más de 500 compañías asociadas), terminar con la autorización judicial "aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto hubiera incumplido antes". En consecuencia, aseguran que "la enmienda propuesta fulmina la presunción de inocencia".

En contra de la propuesta de modificación de la ley también encontramos a gigantes como Google u organizaciones de defensa de los consumidores como FACUA, que "rechaza la enmienda" por "la pérdida de libertades que puede suponer". Pero el ministerio de Cultura les responde que "los grupos parlamentarios están de acuerdo en que se pueda suprimir la segunda autorización ya que este trámite es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva".

Lo cierto es que esta reforma está dirigida a las webs piratas reincidentes, que mantienen su derecho fundamental a recurrir al contencioso-administrativo, y acorta los plazos significativamente en un sector en el que el tiempo es crucial. A la espera del visto bueno del Senado, España cumplirá por fin con dos directivas del Parlamento Europeo y otra del Consejo para igualar la legislación de los distintos estados en esta materia.