La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una condena de doce años de prisión para una mujer acusada de abuso sexual y producción de pornografía infantil. La acusación se centra en que la mujer habría instado a su hijo, de solo nueve años en ese momento, a participar en actos sexuales con ella en el hogar que compartían, con la intención adicional de grabar estos actos en vídeo. El caso ha generado una gran atención debido a la gravedad de las acusaciones y el impacto en la víctima menor de edad.
El juicio por estos hechos está programado para celebrarse el próximo martes, 7 de noviembre, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el proceso judicial busca esclarecer los detalles de los actos cometidos y determinar la responsabilidad de la acusada. La comunidad espera que se haga justicia en un caso tan delicado que involucra a un menor en situaciones de abuso y explotación.
El escrito del ministerio público detalla que la acusada, "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales" y "aprovechándose del desconocimiento sexual de su hijo", le pidió que realizara actos sexuales junto a ella en su hogar. Además, la intención era grabar estas acciones en vídeo. La acusación subraya que el menor, "sin ser consciente de la implicación de sus acciones", fue inducido a participar en actos de abuso mientras su madre se encontraba desnuda de cintura para abajo. Todo fue registrado en vídeo por la propia acusada.
En otra ocasión, la mujer se grabó masturbándose mientras el niño dormía a su lado, asegurándose de que él apareciera en las imágenes. Estos actos han sido calificados por la Fiscalía como un delito de abuso sexual a menor agravado por acceso carnal, parentesco y convivencia, junto con un delito de producción de pornografía infantil agravado por la minoría de edad y la relación parental.
El abuso sexual y las grabaciones en vídeo
La Fiscalía ha solicitado una pena de doce años de prisión para la acusada, así como la privación de la patria potestad, una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con la víctima durante veintidós años. Además, se pide la inhabilitación para el desempeño de actividades con menores durante treinta y dos años y una medida de libertad vigilada durante cinco años tras cumplir la pena de prisión. Estas medidas buscan proteger al menor y evitar que la acusada pueda repetir actos similares en el futuro.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la mujer indemnice a su hijo con la suma de 12.000 euros. Esta compensación económica pretende reparar, en la medida de lo posible, el daño causado al menor. Sin embargo, el impacto emocional y psicológico de los hechos es incalculable y requiere atención especializada para el niño.
