La Policía Nacional detenía el pasado 17 de julio a dos empresarios en Melilla, padre e hijo de 60 y 32 años respectivamente, por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y otro de "explotación laboral" cometida sobre dos trabajadores, a los que tenían en su local en unas condiciones de "semiesclavitud", tal y como consta en el atestado policial. Los poco ejemplares empresarios españoles habrían cometido además un fraude por valor de 60.000 euros a la Seguridad Social.
Los agente se presentaron en su churrería a las cinco de la madrugada tras un chivatazo anónimo. Allí se encontraron con la dramática escena de dos trabajadores durmiendo hacinados en la trastienda del local, en la céntrica plaza de las Culturas de la Ciudad Autónoma.
Ahora, uno de esos trabajadores ha relatado la dura situación de la que se estaban supuestamente aprovechando sus empleadores. En una entrevista a Rosa Soto en elDiario.es, ha contado cómo trabajaba a jornada completa más habituales horas extras por un salario de 120 euros mensuales. "Estoy luchando por mis hijos. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?", asegura el hombre de 51 años residente en la ciudad marroquí de Nador, a escasos 15 kilómetros de la ciudad española.
No es una situación puntual: "13 años trabajando en Melilla, sin contrato porque nadie me hace contrato"
Antes de la pandemia, cruzaba la frontera a diario, pero el cierre internacional por el coronavirus le dejó atrapado en el lado español, donde podía continuar 'trabajando'. Sin embargo, sus condiciones empeoraban aún más: "Una vecina me dio el colchón y la almohada, el empleador se negaba a facilitarlo o mejorar las condiciones". Confiesa que se aseaba "como podía" en los aseos del local, en condiciones muy poco higiénicas y sin ventilación. Tampoco tomaron ninguna medida de seguridad al reabrir el negocio en la desescalada: "No nos dieron mascarillas, ni guantes para protegernos, tuvimos que comprarlas con nuestro propio dinero".
La Policía confirma que las dos personas serían víctimas de explotación laboral, al realizar su trabajo en condiciones abusivas e ilegales. "Llevo 13 años trabajando en Melilla, sin contrato porque nadie me hace contrato. Los últimos cinco años y medio, casi seis, los he pasado en la cafetería trabajando mucho y cobrando muy poco", confiesa el entrevistado. El ciudadano marroquí comenzó cobrando un mísero salario de a penas 100 euros, que subió hasta los 200 hasta que, con la pandemia, dejaron de pagarle directamente.
Comenzaba a trabajar de camarero a las seis de la mañana, hasta que su compañero le relevaba a medio día y hasta la media noche. Aunque su compañero sí tenía un contrato legal como trabajador transfronterizo y cobrara 600 euros al mes por una jornada de 20 horas semanales, el atestado policial indica que "en realidad realiza alrededor de 18 horas diarias a cambio de 600 euros mensuales, situación que se ha alargado desde el año 2005".
Por el contrario, el entrevistado debía buscar complementos a su pobre salario durante las tardes, cuando se dedicaba a lavar coches u otras pequeñas tareas: "Así me saco un extra, igual que también hago recados a los vecinos, les hago la compra, ayudo a los mayores…". Ambos se alimentaban gracias la buena voluntad de unos cuantos vecinos.
La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla confirma la ausencia total de derechos tan básicos como una pausa para comer, bajas médicas remuneradas, vacaciones o cumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional. Unos conceptos completamente ajenos al trabajador que, con voz temblorosa, aseguraba que nunca le habían hablado del contrato: "No me lo querían hacer y se aprovechaban de mi desesperación y situación personal: si no trabajo yo, se buscarán a otro y no podré mantener a mi familia". Llega incluso a justificar los habituales insultos y amenazas de los empresarios españoles, "Pensaban que, de esta forma, trabajaríamos más y mejor".
Atrapado entre dos aguas
Días después de la intervención policial, el hombre ha sido acogido por un familiar, aunque comenta su preocupación por sus hijos: "Ahora estoy en una casa pequeña, ya no vivo como un animal encerrado. El problema es que sin trabajo no puedo enviar dinero a mi familia". Además, lamenta la situación fronteriza que le ha dejado en el limbo: "Estoy cabreado con mi país. No entiendo por qué Marruecos no abre un pasillo humanitario como ha propuesto España. El cierre de fronteras está asfixiando a todos los marroquíes que vivimos de trabajos en la ciudad autónoma".
A la espera de juicio, el protagonista víctima de explotación se enfrenta ahora a más amenazas insultos y persecuciones de personas relacionadas con los dueños de la churrería. Sin embargo, continúa buscando algunos trabajos que le permitan ganar algo de dinero a su familia en Nador.
