España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de población al situarse en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, tras crecer en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025. El aumento consolida una tendencia sostenida en los últimos años y confirma un cambio estructural en la demografía del país: el crecimiento ya depende fundamentalmente de la llegada de población nacida en el extranjero, que por primera vez supera los diez millones de residentes.
Según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el incremento anual estimado fue de 442.428 personas. Sin embargo, este avance no se explica por la evolución natural de la población —marcada por la baja natalidad y el envejecimiento— sino por el saldo migratorio positivo. Mientras el número de personas nacidas en España descendió, la población nacida en el extranjero aumentó hasta alcanzar los 10.004.581 residentes, una cifra inédita que refleja el peso creciente de la inmigración en la estructura social y económica del país.
En paralelo, el número de extranjeros con nacionalidad distinta a la española se situó en 7.243.561 personas tras aumentar en 56.431 durante el último trimestre de 2025. Esto supone que el 14,6% de la población residente en España tiene nacionalidad extranjera. La diferencia entre esta cifra y el total de nacidos fuera se explica por los procesos de adquisición de la nacionalidad española, que continúan elevando el número de ciudadanos de origen migrante plenamente integrados en el censo nacional. Por su parte, la población con nacionalidad española también creció, aunque de forma más moderada, en 25.089 personas.
El detalle por nacionalidades muestra que las principales llegadas durante el cuarto trimestre de 2025 correspondieron a personas procedentes de Colombia, con 36.600 entradas, seguidas de Venezuela (27.000) y Marruecos (22.000). También destacaron los flujos desde Perú, Italia, Ucrania, Brasil, Honduras y Argelia. En sentido contrario, las salidas del país estuvieron encabezadas por ciudadanos marroquíes y colombianos, junto a españoles, peruanos, venezolanos, rumanos, chinos, ucranianos, italianos y hondureños, lo que evidencia una movilidad internacional constante en ambos sentidos, aunque con saldo favorable para España.
El crecimiento demográfico tuvo además un reflejo directo en el número de hogares, que alcanzó los 19.746.638 a comienzos de 2026 tras aumentar en 46.332 en el último trimestre del año anterior. Este dato sugiere no solo más población, sino también transformaciones en la estructura familiar, con mayor presencia de hogares unipersonales, nuevas unidades familiares de origen migrante y cambios asociados al envejecimiento.
Desde el punto de vista territorial, la población aumentó en todas las comunidades autónomas salvo Baleares, donde descendió un 0,07%, y en Melilla, con una caída del 0,26%. Los mayores incrementos se registraron en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, seguidas de Cataluña y Ceuta. En el resto del país el crecimiento fue más moderado, aunque generalizado, lo que confirma una expansión demográfica relativamente extendida, si bien con intensidades diferentes según el dinamismo económico y la capacidad de atracción migratoria de cada territorio.
El nuevo ciclo demográfico español
Este nuevo récord poblacional se produce en un contexto de profunda transformación demográfica que España arrastra desde hace más de una década. El país mantiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea y un acusado proceso de envejecimiento, con una edad media en aumento y una proporción creciente de población mayor de 65 años. Sin la aportación migratoria registrada en los últimos años, los expertos coinciden en que la población española habría entrado ya en una fase de estancamiento o incluso de retroceso. La llegada de personas nacidas en el extranjero se consolida, por tanto, como el principal motor de crecimiento demográfico y también como un elemento clave para sostener el mercado laboral, reforzar las cotizaciones que financian el sistema público de pensiones y compensar la reducción de población en edad activa.
Este cambio estructural tiene además efectos directos sobre la economía y la organización social. El aumento de población impulsa la demanda de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales, al tiempo que contribuye a dinamizar sectores productivos con dificultades para cubrir puestos de trabajo. En paralelo, la diversidad de orígenes transforma la composición cultural y social de barrios, ciudades y comunidades autónomas, configurando una sociedad más plural que obliga a adaptar políticas públicas de integración, convivencia y cohesión territorial.
Al mismo tiempo, el crecimiento apoyado en la inmigración abre debates políticos y sociales de largo alcance. La planificación urbana, la distribución equilibrada de la población en el territorio o la capacidad de los servicios públicos para absorber incrementos sostenidos de residentes se sitúan entre los principales retos de la próxima década. También lo hacen cuestiones como la integración laboral efectiva, la igualdad de oportunidades o la prevención de desigualdades que puedan derivarse de procesos de exclusión social. El desafío no es únicamente demográfico, sino también económico y cívico.
Que España alcance su techo histórico de población gracias al empuje migratorio no solo describe una cifra inédita, sino que evidencia un cambio de ciclo demográfico. El futuro poblacional del país dependerá en gran medida de su capacidad para atraer talento y mano de obra, facilitar procesos de regularización e integración y convertir la diversidad en un factor de estabilidad y crecimiento sostenido. En este escenario, la política migratoria, el diseño del Estado del bienestar y la planificación territorial se consolidan como ejes estratégicos para el desarrollo de las próximas décadas.
