Polémica en plena precampaña de elecciones municipales en el municipio de San Javier (Murcia). A pocos días de la elección del gobierno del ayuntamiento de la ciudad, el actual alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular (PP), José Miguel Luengo Gallego – quién además también ostenta la secretaría general del partido en la región de Murcia- se ha visto envuelto en un posible caso de conflicto de intereses por la licitación de un contrato millonario en la ciudad: la gestión del servicio de agua y alcantarillado. Y es que la redacción de los pliegos de la licitación fue encargada a una consultoría que también presentó a uno de sus principales clientes al concurso… y resultó ganador. La consultoría es Ingeagua, que no solo redactó las condiciones, sino que también valoró las propuestas presentadas. Y su cliente es Aqualia, cuyo principal accionista es el multimillonario mejicano Carlos Slim, que consiguió la máxima puntuación en la treintena de criterios técnicos evaluables subjetivos, una situación más que sospechosa. Tanto, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha tomado cartas en el asunto.
El concurso para la gestión del agua y alcantarillado en San Javier generó interés especial entre las operadoras españolas, teniendo en cuenta que se trata de uno de los contratos más atractivos a nivel de rentabilidad: 247 millones de euros para una concesión de 20 años. Acciona, Aqualia (FCC), Hidrogea, Aguas de San Javier (UTE de la que forma parte La Generala), Gestaqua, Global Omnium (Aigües de València), Promed Consulting, Sacyr (en UTE con Regenera Levante), Socamex (filial de Urbaser) decidieron presentarse a este concurso que, viendo su desenlace, estaba atado y bien atado desde su concepción.
El Ayuntamiento de San Javier liderado por José Miguel Luengo Gallego, del PP, decidió encargar la redacción y valoración de las propuestas a la consultoría malagueña Ingeagua, una empresa que trabaja para administraciones públicas de toda España, pero también para clientes privados. Y aquí es donde se incurrió en el posible conflicto de intereses, ya que presentó a este concurso la propuesta de uno de sus clientes, Aqualia, que acabó recibiendo la máxima puntuación (49 puntos de 49 posibles) en todos los apartados técnicos evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora. Una situación inédita que hace irrelevante la evaluación del criterio económico, todavía por abrir, porque ninguna de las propuestas alternativas podría superar la diferencia de puntos que ya tienen concedidos en la valoración técnica.
Fuentes internas del Ayuntamiento, aseguran que “se están planteando exclusiones arbitrarias” para encajar la oferta de FCC AQUALIA que técnicamente queda descartada por temeraria y desproporcionada, ya que excede en un 56% a la media del resto de concurrentes. Las mismas fuentes aseguran que ayer se reunió la Mesa de Contratación y acordó traslado del contenido de los archivos con las ofertas a los servicios técnicos municipales, bajo el control estricto de Juan Gabriel Lizán, que ahora tiene que emitir informe técnicos/económicos; y aquí es donde se prevé “manejos” para salvar a FCC AQUALIA con sus 80 millones versus a los 51 de media del resto de los 7 licitadores. El departamento de Juan Gabriel Lizán debe realizar el informe final de calificación conjunta de los criterios cualitativos y cuantitativos junto con la proposición económica, donde fuentes sectoriales avanzan que todos los servicios jurídicos están en alerta máxima, y preparados para reaccionar de inmediato con toda la contundencia de la Ley. Fuentes de la oposición al alcalde en re-elección, señalan que están muy vigilantes “al personaje Lizán” y a la actuación de “Ingeagua”.
A pesar de todo, esta situación no ha cogido al sector por sorpresa, ya que no es la primera vez que ocurre algo similar, aunque no de forma tan flagrante como en el caso de la localidad murciana. Resulta que Aqualia gana la mayor parte de los concursos a los que se ha presentado cuando su propia consultoría Ingeagua interviene. Según revela una investigación, revisando la actividad de la consultora en los últimos meses, se puede comprobar que ha sido contratada para redacción de pliegos y valoración de ofertas por al menos 15 ayuntamientos de 5 comunidades autónomas diferentes a los que Aqualia presta servicios. En 8 de ellos, Ingeagua ha designado como ganador a su cliente, la filial de gestión de agua de FCC. Así, todo parece indicar que San Javier no es un caso puntual ni ninguna casualidad, lo que ha llevado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a intentar solucionar el desaguisado. El organismo tiene la responsabilidad de regular de forma clara la relación entre consultoras y empresas del sector, así como la del doble papel en sus participaciones en concursos públicos.
Controvertido responsable de la contratación en el Ayuntamiento de San Fernando
Pero ¿quién ha permitido que se dé esta situación? Ingeagua nunca ha escondido que Aqualia forma parte de su cartera de clientes privados. Así que los ojos se giran a ver quién del Ayuntamiento de San Javier decidió que fuera esta consultora la responsable de crear y valorar una de las licitaciones municipales más importantes. Se trata del Ingeniero Municipal de la localidad, Juan Gabriel Lizán García. Un ingeniero de caminos que fue nombrado funcionario de carrera por el actual alcalde de San Javier, José Miguel Luengo Gallego, el 3 de junio de 2019. El proceso de selección fue muy criticado por el resto de los candidatos que consideraron que se le había hecho un traje a medida y favorecido con las valoraciones. Desde entonces se ha convertido en el hombre de confianza del alcalde dentro del ayuntamiento para la contratación de obras, servicios y ahora concesiones.
Al poco tiempo de tomar posesión, Lizán inició el expediente para la contratación del servicio de agua y alcantarillado del municipio, para el que acabó contratando a Ingeagua. Esta elección tampoco parece casual, ya que, antes de conseguir la plaza de funcionario en San Javier, ocupó el cargo de Técnico de la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, y entre sus funciones recaía la supervisión del contrato del servicio de agua encomendado a… Aqualia.
Juan Gabriel Lizán ocupa también una vocalía de la junta rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia, lo que le permite extender su red de contactos con diferentes empresas. De hecho, durante años podría haber estado ejercicio de forma simultánea la profesión libre y la función pública, sin que conste la preceptiva autorización de los ayuntamientos para ello. Desde su posición de funcionario ha favorecido a sus colaboradores habituales en el despacho consiguiéndoles encargos directos o de terceros.
Esta no sería la primera vez que Lizán se ve implicado en casos de corrupción: en 2013 se le incluyó en la querella por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias contra consejero de Educación de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en los diversos contratos administrativos firmados durante su mandato como alcalde de Puerto Lumbreras. En ese momento, el juez instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), Julián Perez-Templado, acordó el sobreseimiento libre por el delito de prevaricación de Juan Gabriel Lizán, entre otros, que también estaban imputados en la causa.
