El PSOE algecireño denuncia la presunta prevaricación del gobierno por contratación fraudulenta de servicios de vigilancia. El ‘caso Garancruz’ se suma a otras supuestas contrataciones fraudulentas.

La denuncia del PSOE de Algeciras lleva a la Fiscalía del Tribunal Supremo a abrir diligencias en el llamado ‘caso Garancruz’. La sala de lo penal aprecia indicios suficientes para investigar la concesión de contratos menores de manera continuada a una empresa de vigilancia en edificios municipales.

La oposición algecireña señala el posible delito continuado de prevaricación administrativa en el gobierno del senador del PP José Ignacio Landaluce, en la alcaldía desde 2011. Algeciras, con 122.368 habitantes, es otro de los municipios que afronta el próximo 28M sus comicios.

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Rocío Arrabal, es quien puso el foco en este presunto delito denunciándolo hace meses. La empresa Garancruz es beneficiaria de concesiones de contratos menores prolongados en el tiempo, lo que implicaría “incumplimientos” de la Ley de Contratación del sector público.

Contactada por este medio y sin página web habilitada, la empresa de servicios integrales Garancruz ha rechazado dar explicaciones sobre sus servicios y contratación argumentando estar haciendo senderismo.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Algeciras remiten a un comunicado del secretario Municipal del Ayuntamiento en el que simplemente se informa de la recepción el 20 de marzo del escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando información sobre los contratos de vigilancia. El Ayuntamiento confirma que están recabando la información solicitada para ser remitida “a la mayor brevedad posible”.

Además, el informe del consistorio –que en estos momentos es el único comunicado que emitirá el gobierno algecireño– aclara que este procedimiento de la Fiscalía es una práctica habitual de la Fiscalía ante las denuncias de este tipo.

Por lo pronto, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento la documentación explicativa a estas contrataciones que deberán entregar en un plazo máximo de dos meses. Rocío Arrabal asegura que los contratos que han venido recayendo en la misma empresa son objeto de un “fraccionamiento” y que, además, desde el Ayuntamiento “se formalizaban encargos de servicios sin ni siquiera contrato menor, sin licitación, y en muchas ocasiones, tal como señalaba el interventor, sin trámite de fiscalización”.

La secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata a la alcaldía ha revelado que, ante los “indicios de prevaricación administrativa”, acudieron a la Fiscalía en noviembre de 2022, teniendo en cuento que el regidor de Algeciras, José Antonio Landaluce, es aforado.

Entonces, desde el equipo de gobierno algecireño aclararon que todos los procedimientos se subían a la plataforma de rendición de cuentas del estado contando con los informes del interventor municipal. Se aclaró, además, que llevaban tiempo tratando de “aglutinar este servicio –el de vigilancia– en un único expediente … pero es una tarea muy complicada que tenemos que suplir con este tipo de contratos menores”.

Según la denuncia de la oposición socialista Garancruz habría cobrado hasta 700.000 euros por sus servicios de vigilancia en diferentes dependencias municipales. “El Ayuntamiento no es el cortijo de Landaluce”, denuncia Arrabal, que enumeró otras polémicas gestiones administrativas del Ayuntamiento.

La sombra de la corrupción rompe la campaña

La denuncia de posible prevaricación por parte del Ayuntamiento de Algeciras, uno de los bastiones populares más sólidos en los últimos años, se suma a otros recientes casos que salpican la gestión de los gobiernos populares.

La semana pasada, fue la alcaldesa de Motril (58.798 habitantes), la popular Luisa García Chamorro la acusada de haber recibido dinero de las arcas de la Diputación de Granada para pagar una condena por injurias.

Lo curioso es que, ese mismo hecho, ya se hizo público en 2021 al haber recibido unos dos mil euros por parte de las arcas municipales, con lo que Chamorro habría cobrado de las dos entidades para un mismo objeto, desviando dinero de las arcas de partidos políticos para otros cometidos personales.

A finales de marzo, ya a nivel autonómico, la Cadena Ser desveló la concesión de dos obras de mantenimiento en carreteras por cuatro millones de euros a la empresa Barveal SL, una empresa sin experiencia en el sector, sin trabajadores en nómina y con sede en una vivienda particular de Jerez, y a la empresa del padre de la titular de Barveal.

A pesar de no contar con una inscripción en el Registro de Licitaciones, las empresas consiguieron los contratos de la Junta de Andalucía gracias a los contratos de emergencia para el arreglo de carreteras, con motivo de las suspensiones de garantías de contratación que originó la pandemia.