Defensores del profesor de enseñanza secundaria en el IES Universidad Laboral de Gijón Yván Pozuelo, investigado por las autoridades de Educación del Principado, han iniciado una recogida de firmas en Change.org para su petición, dirigida al presidente asturiano, Adrián Barbón Rodríguez.
El profesor, que imparte la lengua francesa, está siendo investigado por la Inspección Educativa del Principado y se enfrenta a años de inhabilitación por no retractarse de su forma de enseñar, que imparte desde hace más de nueve años sin ninguna incidencia por parte del propio instituto, las familias o los alumnos. Sin embargo, todo cambió hace un año, tras una entrevista en el diario El Comercio, con motivo de la publicación de su ensayo '¿Negreros o docentes? La rebelión del 10', en el que reflexiona sobre la tiranía de los exámenes a la que se somete a los alumnos, obviando la valoración de competencias, como, según explica, plantean las leyes educativas desde 2006.
El método del profesor "está recogido en la Ley Celaá"
En la petición en Change.org se afirma que "quienes hayan leído alguna declaración o asistido a alguna conferencia o webinar organizados por el Ministerio de Educación se sorprenderán de ver recogidas en la Ley Celaá muchas de las reflexiones expuestas en este libro" y recuerda que "alguien con alta responsabilidad en la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que leyó dicha entrevista, ordenó tramitar de oficio un expediente a su autor por las opiniones que en ella aparecían".
La petición narra lo sucedido desde que Yván Pozuelo se negara a retractarse de su método ante la exigencia de la Consejería, que "le abre entonces un expediente sancionador. Esto ocurría en febrero de 2020, fecha desde la cual el docente sufre una investigación escrupulosa, inflexible y hostigadora".
Las sanciones a las que se enfrenta el maestro
"La inspección no se concentra tanto en el esclarecimiento de la verdad sino en rebuscar irregularidades donde nunca hubo nada, de ahí el tiempo que le está dedicando. Todo ello, sin que exista una sola denuncia por parte de familias, alumnado, profesorado y equipo directivo en veinte años de docencia", se explica en la petición.
El profesor se enfrenta a sanciones como "la expulsión del cuerpo, la suspensión de empleo y sueldo por seis años; traslado forzoso; demérito; apercibimiento. Cinco cargos por poner muchos dieces, por (dicen) negarse a aplicar la evaluación formativa, por (dicen) defectos en la programación de su materia, de registro de su alumnado y de coordinación en su departamento".
"Un año y medio de investigación, la Consejería empleando cientos de horas de trabajo y de recursos públicos contra un docente, sacando a relucir métodos alejados de la transparencia y de la imparcialidad", señala la petición en Change.org.
"Este proceso no va a lograr manchar su trayectoria profesional. Al contrario, su acreditada profesionalidad, su compromiso con la educación inclusiva, su apuesta por trabajar por proyectos, por evaluar por competencias clave, su sensibilidad con la atención a la diversidad del alumnado saldrán más reforzadas, beneficiándose de ello la enseñanza asturiana. Esta injusticia no es admisible en un Estado democrático", dice la petición en Change.org.
Un grupo de alumnos ha creado un tablón digital, De aula a aula, donde pueden leerse múltiples comentarios en defensa del profesor.
