El rey emérito, Juan Carlos I, ha sido testigo de cómo el juicio que le enfrenta con la mujer con la que mantuvo un idilio extramarital durante más de una década, Corinna Larsen, se ha reactivado en el edificio de los Reales Tribunales de Justicia de Londres. La sala 13 del citado inmueble agluitinó este martes a 35 personas entre las que se encontraban letrados, periodistas, personas de relaciones públicas, la jueza Rowena Collins Rice y la propia Larsen. La sesión ha discurrido con normalidad y la única revelación ciertamente novedosa que se ha desprendido de la misma ha sido la cantidad que Larsen reclama al rey emérito por los daños sufridos: 126 millones de libras esterlinas, unos 146 millones de euros. Los abogados del exmonarca han solicitado a la justicia británica que rechace la demanda, alegando que "es imposible y no tiene posibilidades reales de salir adelante".
Aunque el procedimiento civil se encuentra todavía en fases muy tempranas, en las que deben quedar claras diferentes cuestiones, lo cierto es que esta vista da la sensación de estar casi resuelta. En primer lugar, han de aclararse las cuestiones que rodean a la inmunidad del emérito, ante las que la justicia británica ha claudicado para todos aquellos actos que Juan Carlos I hubiera realizado contra Larsen cuando aún era jefe de Estado, antes de su abdicación el 19 de junio de 2014. A su vez, destacar que el equipo legal del emérito ha alegado que "los hechos denunciados por no encajan con la definición de acoso (harassment, en su acepción inglesa) que contempla la ley británica", en palabras del abogado Adam Wolanski.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el relato de la denuncia ha sido enmendado varias veces en los últimos años y carece de hechos o pruebas concretas que sostengan las acusaciones. “La demanda presentada es totalmente incoherente, la presentan sin concretar los hechos y no tiene posibilidades reales de salir adelante”, sostiene la respuesta de los abogados de Juan Carlos I.
Por su parte, Wolanski ha dedicado toda la vista, que estaba destinada a la parte defensora del rey emérito por haber sido acordado así entre ambos equipos jurídicos y la magistrada, a desmontar las acusaciones de Larsen. “Se trata de una compilación de quejas, algunas realmente triviales, ocurridas a lo largo de 10 años. Y ni siquiera señala, en muchas de ellas, a Juan Carlos I”, sostenía Wolanski. "De hecho, durante el tiempo en que habrían ocurrido algunos de los supuestos episodios de hostigamiento, Larsen seguía asegurando públicamente que mantenía una gran amistad con el emérito", ha expuesto.
La cifra definitiva de la demanda
Ante el panorama expuesto, el único avance que se ha hecho en la sesión ha sido el montante económico que reclama Larsen, los 146 millones de euros expuestos en líneas anteriores. Sin embargo, esta cifra no obedece a cuestiones legales ni jurídicas, sino que es un simple deseo de la parte demandante. Por contra, la cifra en la que Wolanski hizo hincapié durante la sesión fueron los 65 millones de euros que el ex monarca donó a Larsen a través de la fundación panameña Lucum.
El año 2012 y la infame cacería de elefantes en Botsuana supusieron un punto de inflexión en el desarrollo de los hechos. El idilio tocó a su fin y, tras la terrible prensa que se granjeó el monarca como consecuencia de sus actividades en el continente africano, quiso recuperar el dinero. Según Larsen, fue a partir de ahí cuando empezó a sufrir "una campaña brutal de acoso y derribo por parte del aparato del Estado español y por la prensa del país".
El equipo legal del emérito ha asegurado que la respuesta a esa campaña de acoso fue "enviar hasta tres cartas intimidatorias a la Casa Real de España en las que amenazaba con tirar de la manta si no le ayudaban a poner freno al acoso". “Eso es una amenaza en toda regla. Dadme lo que pido o acudiré a la prensa para entregar un material incriminatorio que hará daño a la Casa Real”, son las palabras con las que el letrado ha descrito la maniobra de la empresaria alemana.
A su vez, Wolanski ha señalado también que la jurisdicción inglesa "no es la adecuada para tratar la demanda, por la diversidad geográfica de los hechos narrados en ella" y porque debería ser en todo caso la justicia española la que ejerciera su competencia. Sin embargo, Wolanski pasa por alto que la justicia española sigue entregando la inviolabilidad al emérito, por lo que no puede ser juzgado ni por estos hechos, ni por ningunos otros. Vellitor es el tercer bufete de abogados al que acude el ex monarca en este proceso judicial, que ha dejado bajo mínimos una reputación que no se encontraba ya en un momento boyante.
Para concluir la vista, Wolanski ha afeado que "las sucesivas correcciones añadidas al texto de la demanda por parte de los abogados de Larsen han convertido el relato en algo confuso y poco consistente". "Además, la parte acusadora ha intentado colar por la puerta de atrás hechos relevantes para su acusación que ocurrieron antes de la abdicación, y que, por tanto, no deberían ser tenidos en cuenta", ha añadido, recordando la invulnerabilidad del entonces rey ante la justicia española.
