Un grupo de eurodiputados viajó a Madrid en mayo pasado para tratar el caso de los niños robados con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y con representantes del Ministerio de Justicia, de la comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados y de la Conferencia Episcopal. El objetivo de las reuniones es reactivar la investigación después de miles de denuncias.
El caso investiga la presunta trama que habría vendido bebés por toda España después de que se dijera a las familias que habían muerto durante el parto.
Podemos consiguió que el Gobierno incluyera una partida simbólica de 100.000 euros en los Presupuestos Generales para una plataforma digital que investigue perfiles genéticos relacionados con el caso de los bebés robados entre los años 40 y 90 del siglo pasado.
Las víctimas desconfían de las autoridades
En declaraciones a El País, la jefa de la misión europea y eurodiputada, Jude Kirton-Darling, ha explicado que su opinión es que “nos enfrentamos a pruebas muchas veces contradictorias, incluso sobre la escala del escándalo y sobre si fueron casos aislados o redes organizadas de tráfico de bebés”.
“Las víctimas desconfían totalmente de las autoridades políticas y religiosas”, añade la representante de la Comisión Europea, quien ha denunciado que las víctimas “tienen que superar un listón bastante exigente para ser consideradas como tales, lo que significa que tienen la carga de la prueba y que frecuentemente se han visto forzadas a investigar sus propios casos con poco o ningún apoyo legal y psicológico”.
Una herida de la dictadura de Franco
“Ha quedado claro que este escándalo es la parte más cruda de las heridas históricas abiertas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco”, ha considerado la eurodiputada.
Un total de 261 personas suscribieron la denuncia de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, en 2011. Hasta el momento la Fiscalía ha recibido un total de 2.095 denuncias.
La monja Sor María, imputada en el caso, murió en 2013, mientras que uno de los médicos supuestamente implicados, imputado desde 2016, está a la espera de juicio.
