Bruselas continúa siendo protagonista del creciente escándalo de las ONG, con recientes episodios que incluyen a organizaciones antitabaco financiadas por la UE. La Comisión Europea envió cartas a la European Network on Smoking Prevention (ENSP) y a la Smoke Free Partnership (SFP), exigiéndoles que dejaran de hacer lobby con dinero público. Y es que la SFP recibió 95.000 euros para promover impuestos al tabaco, alcohol y comida poco saludable, mientras defendía la eliminación de alternativas al tabaco como el vapeo, pese a que el Departamento de Salud del Reino Unido afirmó que estos son un 95% menos dañinos.
La Asociación Europea de Contribuyentes (TAE) ha presentado una denuncia oficial contra los excomisarios de la UE Frans Timmermans y Virginijus Sinkevičius. Lo que empezó como una serie de sospechas sobre el uso de fondos europeos para financiar organizaciones no gubernamentales ha derivado en una acusación directa de asignación ilegal de fondos entre 2019 y 2024, por un total de 7.000 millones de euros gestionados sin el control adecuado. Según los denunciantes, parte de estos fondos no solo financiaron proyectos medioambientales o sociales, sino también actividades de lobby encubierto ante el Parlamento Europeo y litigios contra empresas privadas.
Nuevas revelaciones procedentes de eurodiputados han puesto sobre la mesa cifras aún más escandalosas, alertando cada vez más sobre la situación. Entre 2019 y 2023, la Comisión Europea habría concedido 17.000 millones de euros en subsidios a 37.000 ONG y grupos de presión europeos.
En junio, el Parlamento Europeo ya votó a favor de establecer un grupo de trabajo especial para investigar y monitorear la financiación de las ONG. Previamente, la Comisión Europea había admitido que se habían realizado “actividades de lobby no autorizadas” financiadas con dinero europeo, en particular del llamado programa LIFE. Esto ocurrió durante el mandato anterior de la Comisión, cuando el socialista neerlandés Frans Timmermans actuaba como vicepresidente y era una de las principales fuerzas impulsoras del Pacto Verde de la UE. El nuevo grupo de trabajo contará con personal especializado y se encargará de examinar miles de páginas de contratos entre ONG y la Comisión.
Esta iniciativa surgió a raíz del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece el eurodiputado neerlandés Sander Smit, del partido de los agricultores BBB, asegurando: “¡La verdad debe salir a la luz! No corresponde a la Comisión, que ya tiene el derecho de iniciativa legislativa, influir deliberadamente en los eurodiputados mediante un lobby encubierto de organizaciones no gubernamentales (ONG) que son financiadas e instrumentalizadas por la propia Comisión Europea. El Estado de derecho no solo se aplica a los países de la UE, sino también a las instituciones de la UE.”
Fondos públicos para frenar las alternativas al tabaco
Tras las críticas, la Comisión anunció que las ONG ambientalistas ya no podrán usar fondos europeos para hacer lobby. También se bloqueó la financiación para organizaciones de política sanitaria con actividades de defensa pública, alegando “riesgo reputacional” para la UE.
Aun así, las cartas enviadas a la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP) y a la Smoke Free Partnership (SFP) revelan lo enquistada que está la práctica. SFP, por ejemplo, recibió 95.000 euros para un proyecto que promovía impuestos al alcohol, tabaco y comida poco saludable.
Este caso muestra lo desconectada que se encuentra la Comisión de la realidad, habiendo pruebas de que ambas ONG pretenden eliminar todas las opciones alternativas al tabaco, habiendo demostrado países como Suecia que estas políticas paternalistas perjudican a una sociedad sin humo poco a poco. A día de hoy, Suecia cuenta con una de las tasas de tabaquismo más bajas de Europa, así como menores casos de enfermedades causadas por el consumo de este. Es más, en comparación con otros países, Suecia tiene un 44% menos de muertes relacionadas con el tabaco, un 41% menos de cáncer de pulmón y un 38% menos de fallecimientos por cáncer.
Imagen de recurso de una persona rechazando tabaco. Pixabay
El comisario europeo Wopke Hoekstra ha defendido públicamente impuestos más altos no solo para el tabaco, sino también para alternativas como el vapeo, pese a que el Departamento de Salud del Reino Unido afirma que “los cigarrillos electrónicos son un 95% menos dañinos” que los convencionales.
Acuerdos de lobby encubiertos
En los últimos meses, el periódico alemán Die Welt ha desvelado que los acuerdos de financiación entre la Comisión Europea y ciertas ONG incluían condiciones explícitas para realizar de manera activa funciones de lobby.
El medio reveló que “las ONG debían hacer lobby a cambio de la financiación bajo los contratos, y, por ejemplo, luchar contra las centrales eléctricas de carbón, los pesticidas y el acuerdo de libre comercio entre Europa y América del Sur (Mercosur)”. Esto, mientras la Comisión intentaba cerrar ese mismo acuerdo con el bloque latinoamericano.
Cuando se les pidió explicaciones, la respuesta de la Comisión fue evasiva, en un intento de confusión, silencio y, finalmente, tras su respectiva publicación en junio, se vieron obligados a responder sin dudar en negar la existencia de “contratos secretos”, asegurando que el dinero se entregaba sobre la base de “acuerdos de financiación complementados con programas de trabajo”.
Pero Die Welt lo dejó claro: “Los términos pueden ser distintos, pero los ‘acuerdos de financiación’ y sus anexos –en este caso los ‘programas de trabajo’ que Die Welt ha visto– son contratos: documentos jurídicamente vinculantes firmados por ambas partes. La Comisión promete dinero público y las ONG indican cómo lo gastarán, incluso en actividades de lobby. Ambas partes del acuerdo están por escrito: cuánto dinero se entrega y qué se da a cambio.”
Sin embargo, toda esta trama se ha tenido que enfrentar a una serie de dificultades. El contenido correspondiente a estos acuerdos no es público, ya que aunque las sumas entregadas sí aparecen en el registro financiero de la UE, el contenido de los contratos continúa oculto.
Por tanto, el periódico solo pudo acceder a esta información porque “empleados de una institución de la UE mostraron los documentos en un ordenador, aunque no estaban autorizados a hacerlo. Si se revelan sus identidades, podrían enfrentarse a consecuencias legales.” Tomar fotografías de los contratos está prohibido, aunque la Comisión afirma que no son secretos. ¿Entonces por qué no publicarlos? Según los periodistas alemanes, “las páginas no se pueden imprimir ni buscar términos. Y cada 30 minutos desaparecen y deben recargarse.”
Una oposición dividida
En abril, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe crucial que destapaba una concentración llamativa de fondos. Entre 2021 y 2023, la UE gastó 7.000 millones de euros en 90 ONG dedicadas a temas medioambientales, migratorios o científicos. Una revelación totalmente crítica teniendo en cuenta el dato más llamativo: de las 4.400 ONG financiadas entre 2014 y 2021, únicamente 30 de ellas recibieron más del 40% del total, es decir, unos 3.300 millones de euros.
El informe advertía de la dificultad para seguir el rastro del dinero: “Esta información se publica en múltiples sistemas, sitios web y bases de datos, lo que da lugar a un enfoque fragmentado, que dificulta la transparencia y limita la comprensión del papel de las ONG en la formulación de políticas e implementación de programas.”
Cuando en junio se propuso en el Parlamento Europeo la creación del grupo de trabajo para investigar, los socialistas, liberales de Renew Europe, verdes y la izquierda votaron en contra. Una posición que plantea preguntas sobre su concepción del control democrático.
Sin embargo, no es la primera vez que surgen denuncias. En 2023, la eurodiputada neerlandesa Esther de Lange ya acusó a la Comisión de financiar a ONG para presionar al Parlamento Europeo y, según Die Welt, también a la política alemana.
En 2020, tras la decisión de Berlín de cerrar sus plantas de carbón en 2038, un contrato con la ONG Client Earth decía: “La fecha de 2038 para el fin del carbón es incompatible con el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París y, por tanto, demasiado tardía. El próximo año continuaremos nuestro trabajo contra el carbón en Alemania para acelerar su eliminación”.
Resistencias desde algunos Estados miembros
Ciertos informes han comprobado que no todos los países aplauden el recorte de fondos a ONG. Ministros de Salud de España, Eslovenia y Bélgica han defendido su continuidad. Es más, algunas organizaciones ya buscan vías alternativas para mantener sus proyectos, siendo un claro ejemplo la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA), que estudia pedir financiación directa al gobierno belga.
