Amnistía Internacional (AI) cree que la sentencia que absuelve a La Manada del delito de violación demuestra que "tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación". Así lo ha expresado Mónica Costa Riba, responsable de Campañas sobre Mujeres de Amnistía Internacional quien, a través de un comunicado colgado en la web de la organización subraya que "la ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque".

AI advierte también de los comentarios de Ricardo Javier González en su voto particular, que suponen "un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima". Le acusa de demostrar una "preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así.”

El comunicado afea a España que todavía no haya reformado el Código Penal para adecuarse a las normas internacionales de derechos humanos que contemplan las relaciones sexuales no consentidas como violación. "Hasta ahora, nueve países de Europa han revisado sus definiciones de violación basadas en la ausencia de consentimiento, en lugar de en el uso de la violencia. Como ha quedado dolorosamente patente en este caso, España no es uno de esos países", lamentan.

Sólo nueve países europeos de los 33 que componen el Espacio Económico Europeo (EEE) reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento son violación (si se cuentan por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido). Se trata de Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, además de Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemania y, más recientemente, Islandia.

Acción contra los prejuicios y estereotipos machistas

Por otro lado, subraya que "la reforma legal debe ir acompañada de una acción nacional para abordar los prejuicios, la culpabilización de la víctima, los estereotipos y los mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encargados de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivientes a la justicia". De esta manera se evitaría poner más obstáculos todavía a las mujeres víctimas de una violación.