El amianto ha vuelto a saltar a los titulares a raíz del caso del trabajador del Metro de Madrid enfermo de cáncer por su exposición a esta sustancia que reveló la presencia de este material en los trenes. Se calcula que al menos el cuatro por ciento de los convoyes en circulación en esta red tienen asbesto, otro de lo nombres por los que se conoce, lo que ha llevado a los empleados de la compañía a la huelga . Acusan a la empresa que, de momento, ha prohibido la manipulación de los componentes de los trenes en los que está presente, de inclumplir con la obligación de tener un protocolo que garantice que no hay exposición a este material eterno y letal.

Las variedades más perjudiciales para la salud, el amianto azul y el marrón, quedaron prohibidas en España en los años 1984 y 1993, respectviamente. En 2002, quedó prohibido el blanco. Pero la uralita o fibrocemento, denominaciones por las que se le conoce en nuestro país por las marcas que lo comercializaron, sigue ahí, como ha puesto de manifiesto el caso del suburbano.

No hay un censo del amianto instalado, pero está presente en fábricas, casas, cines, escuelas, y medios de transporte, y muchos profesionales siguen encontrándose amianto en sus tareas cotidianas.

“En la década de los 60 y los 70 fue el producto estrella en la contrucción y los saneamientos, por las características tan atractivas que tenía”, 

subraya Alejandro Ripollés, presidente de ASFAMI, Asociación de Afectados por el Amianto. Todo se construía con asbesto y eso se ha quedado ahí. “Cualquier vivienda que tenga más de 50 años está llena de amianto”, asegura.

“La normativa existente regula cómo se tiene que quitar”, destaca Ripollés, “no obliga a quitarlo, porque está en todas partes”. Determina, entre otras muchas cosas, que “ que hay que precintar los residuos y que hay que realizar cortes húmedos, para que no se provoque polvo, ya que el riesgo está en la aspiración de las fibras”.

“Para cambiar una bajante habría que contactar con una empresa especializada y esto encarecería mucho las reformas, por lo que, con probabilidad, siguen llevándose a cabo malas prácticas en este sentido”, apunta el presidente de esta agrupación de afectados.

El amianto ha hecho estragos en muchos profesionales de la industria y en muchos fontaneros. “Todos aquellos que trabajaban en la red de abastecimiento de aguas se metían dentro de las tuberías con una radial y salían cubiertos de polvo de amianto”, recuerda.

Miles de afectados en España

En España hay miles de afectados por el amianto. El contacto con este material está asociado a distintas enfermedades, la más grave, el mesotelioma pleural (cáncer de pleura), que se presenta unos 30 años después de la primera exposición. Se calcula que aproximadamente 264 personas mueren al año por este tipo de cáncer.

“Esto dificulta mucho el proceso judicial”, destaca Ripollés. “Si son administraciones públicas, hay menos problema, porque suele seguir existiendo, pero si son empresas privadas, muchas han desaparecido”.

Por ello, en noviembre de 2017, después de cuatro décadas de abandono, el Congreso de los Diputados aprobó un Fondo de Compensación. Sin embargo, éste no impide que los afectados puedan seguir pleiteando en los tribunales.

Qué se puede reclamar

Desde Lexcam Abogados, un gabinete especializado en este tipo de casos, se insiste en que los afectados han de saber que tienen derecho a distintas compensaciones.

Por un lado, están las prestaciones a cargo de la seguridad social, explican. La incapacidad permanente- normalmente es de grado absoluta-, el auxilio por defunción en caso de fallecimiento, la pensión de viudedad y una indemmnización a tanto alzado.

En lo que atañe a la empresa, hay dos procedimientos importantes: el recargo de prestaciones, un procedimiento pseudoadministrativo que lo debe iniciar el afectado o se incia de oficio y la reclamación de daños y perjuicios. El primero “es como si fuera una sanción que se le impone a la empresa por falta de medidas de seguridad”, detallan, de manera que “se pagan las prestaciones de incrementadas en un porcentaje que oscila entre el 30 y el 50 por ciento”. Este pago, además, no puede asumirlo ninguna aseguradora”, explican.

Una larga lucha

Solo el 6,4% de los hombres y el 4,4% de las mujeres fallecidos entre 2007 y 2011 en nuestro país por mesotelioma pleural atribuible a la exposición laboral al amianto han sido reconocidos como enfermos profesionales por la Seguridad Social.

Probarlo no siempre es fácil, explica el presidente de ASFAMI. Cuando se presentan enfermedades asociadas al contaco con amianto, los médicos suelen interrogar al paciente acerca de una posible exposición. “Si en sus informes lo indican, facilita mucho las cosas, ya que si no lo hacen hay que solicitar un cambio de cotingencia”, subraya. “La baja es por enfermedad común, lo que obliga a reunir pruebas: solicitar vidas laborales, informes de peritos que acrediten el contacto, ... “Cuando son empresas que no existen, el tema de la prueba es un auténtico problema”, afirma Alejandro Ripollés.