El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha puesto en marcha una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.
En un comunicado, la Institución detalla que con esta actuación se pretenden detectar las dificultades que tienen las personas para acceder a servicios adecuados a sus necesidades.
"Las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a sus necesidades" es la queja más frecuente que recibe el Defensor del Pueblo, seguida por las críticas a la escasez de personal y medios y, por tanto, a la pérdida de calidad de la atención a las personas mayores que residen en estos centros.
En los cuestionarios enviados a todas las administraciones competentes, el Defensor del Pueblo solicita información sobre el número y la tipología de las residencias que existen en cada Comunidad; el número de personas que se encuentran en lista de espera para la asignación de plaza o las personas de la lista de espera que tienen reconocido otro servicio con carácter transitorio.
Además, se pregunta sobre los requisitos y estándares exigidos para atender a personas en situación de dependencia; las diferencias en las exigencias en materia de recursos humanos entre residencias públicas y privadas, así como información sobre los protocolos de funcionamiento, entre otras cuestiones.
