Los abogados de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua el pasado 15 de octubre de 2016 han criticado este martes que la Sección Primera de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional no haya admitido casi ninguna de las pruebas que han solicitado para demostrar que no se trata de un delito de terrorismo sino de “una bronca de feria”, según afirman, por la que aún hay tres de ellos en prisión preventiva más de un año después.
Los seis letrados que les defienden han comparecido ante la prensa para explicar ante el inicio de juicio oral lo que consideran una decisión del tribunal que lleva a sus clientes a la “más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías”.
Han explicado que la Sala de lo Penal denegó, en un auto del pasado 27 de octubre, “la práctica totalidad de las pruebas solicitadas por las defensas”, entre ellas declaraciones de testigos así como “vídeos grabados en el propio bar en el que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extraídos de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque, a decir de la Sala, al haberlos aportado las defensas, ‘no cuentan con garantías’”.
Jaime Montero, abogado de uno de los acusados que permanecen en prisión, ha asegurado que la decisión del tribunal supone “una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador”.
En el comunicado posterior, también han cargado contra “la calificación jurídica de los hechos como terrorismo, la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas”.
Agresión por medio centenar de personas
En la madrugada del pasado 15 de octubre de 2016, dos agentes de la Guardia Civil destinados en Alsasua (Navarra) y sus parejas fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 50 personas en la localidad navarra, en las inmediaciones del bar Koxkacuando.
El teniente y el sargento de la benemérita resultados heridos al igual que las dos mujeres que los acompañaban.
Tras el suceso llegó la polémica y el revuelo político. Mientras diferentes colectivos se movilizaban en manifestaciones y solidarizaban con los agredidos, algunos grupos políticos como Podemos sembraron las dudas de que esta agresión debiera de ser tratada como si fuera un acto de terrorismo.
