Comenzaré recordando el artículo 47 de nuestra Constitución, en el que se reconoce el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, así como la obligación constitucional de los poderes públicos a dar contenido a dicho derecho.
Todos los expertos y todas las Administraciones coinciden en que uno de los instrumentos más eficaces para caminar en esta dirección es el de la promoción de un parque de vivienda social.
Sin embargo, todos los estudios apuntan a que este es muy escaso en nuestro país.
Mientras en España la vivienda social en alquiler supone aproximadamente el 2,5 % del parque de viviendas, en países como Holanda o Dinamarca este porcentaje alcanza el 30 %. Y la media de la Unión Europea es superior al 9 %.
Una razón para este desequilibrio, que aparece en el informe de 2.020 del Observatorio de Vivienda y Suelo sobre la vivienda social en España, hay que encontrarla en que la inversión en vivienda protegida en nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, se ha destinado principalmente a la compraventa de alojamientos.
Pero no es esa la única razón. También ha jugado un papel decisivo el abandono de las políticas habitacionales durante los años del Gobierno del PP.
Entre 2011 y 2018, durante gobiernos de la derecha, la vivienda protegida cayó de las 58.000 viviendas anuales a apenas 5000 viviendas públicas, colocándonos a la cola de Europa en edificación destinada a alquiler social.
Y no solo fue por una política de derechas deliberada de recorte presupuestario en inversión en nuevos hogares de arrendamiento social, sino que se llegó incluso en algunas CCAA como Madrid a malvender de forma ilegal a fondos de inversión, como así han dictaminado los tribunales de justicia, la poca vivienda de alquiler social que existía.
En definitiva, por estas y otras causas, pese a que todos los organismos coinciden en que es un instrumento importantísimo, la realidad es que la vivienda social en alquiler constituye un instrumento de política residencial escasamente desarrollado, en contraste con los principales países europeos.
Ante esta situación, ¿qué está haciendo este Gobierno para solucionarlo? Pues bien, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha aprobado los presupuestos más elevados de toda la serie histórica en materia de vivienda con 3.290 millones y un incremento del 592% con respecto a los últimos presupuestos del Partido Popular que apenas presupuestó 481 millones. La política de vivienda del Gobierno actual ha puesto como eje prioritario de sus presupuestos y desarrollo legislativo a la vivienda social en alquiler, como elemento fundamental para el desarrollo del derecho habitacional reconocido en nuestra Constitución. Para ello la mitad del presupuesto se centra en la vivienda social, es decir, para el Plan de Vivienda para Alquiler asequible, Plan Estatal de Vivienda, bono joven de alquiler y la construcción de 100.000 nuevas unidades para alquiler social. Esta última medida incrementará el escaso parque público de viviendas existente, porque es necesario recordar que en 40 años de democracia, entre todas las administraciones públicas se ha acumulado un escaso parque público de hogares sociales de 290.000 viviendas, y este Gobierno va a construir 100.000 nuevos alojamientos para alquiler social, lo que supone un 33% más en una sola legislatura. Todo ello demuestra que el compromiso del Gobierno Progresista con la vivienda social es firme y es el eje principal de sus políticas habitacionales como se ha reflejado en su esfuerzo presupuestario en esta materia. Por todo ello, es evidente que el Gobierno va en la buena dirección y es de justicia reconocerlo.
Eva Bravo Barco es diputada por Cádiz y Portavoz de Vivienda
