Este lunes 13 de febrero se cumple una semana desde que el PSOE completara su órdago a Unidas Podemos y registrara unilateralmente una Proposición de ley para reformar la ley del solo sí es sí. Esgrimieron que, pese a llevar semanas negociando en secreto, el cruce de propuestas entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad resultó infructuoso y era de imperiosa necesidad contener la sangría de rebajas de condenas a agresores sexuales (a día de hoy, más de 500). No obstante, los socialistas no pidieron tramitarla de forma urgente ese mismo lunes, sino que esperaron al viernes 10. Una urgencia que acorta los plazos a la mitad, pero que no evitará los cruentos choques de la coalición durante unas tres semanas, en vísperas del 8M.

El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, compareció flanqueado por la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, tras registrar la PL. Anunció, entonces, que esperaban poder aprobarla en el Congreso en un mes, apuntando a finales de febrero. Sin embargo, los plazos ordinarios la sitúan en la primera sesión plenaria de marzo. El primer paso debe darlo la Mesa del Congreso, que calificará la iniciativa este martes ya con el procedimiento de urgencia. Luego, la Junta de Portavoces ha de fijar la fecha para su primer debate. Para ello, se requiere de la conformidad del Gobierno, que tiene la potestad para vetar iniciativas que descuadren sus Presupuestos. No será el caso y el trámite puede superarse en cuestión de horas, como ya ocurrió con la reforma del Código Penal que suprimía el delito de sedición. Moncloa no tardó ni 24 horas entonces y no se espera que actúe de forma diferente en este caso.

Corresponde a la Junta de Portavoces incluir la reforma en el orden del día. En su reunión de este martes 14, la Junta diseñará el pleno del 21 de febrero y la proposición de ley socialista no figura en el borrador, por lo que si el PSOE quiere acelerar y despacharla en febrero, únicamente tiene dos vías: o bien fuerza un pleno monográfico el jueves 16 o reúne apoyos para que este martes la Junta incluya la reforma en el orden del día de la sesión plenaria del 21 a la espera de que llegue el aval gubernamental. Si no se transita ninguno de estos caminos, la reforma no sería abordada hasta el primer pleno de marzo, que arrancará el 7.

Tono bronco, semanas largas

El PSOE no registró junto al texto la solicitud de tramitarlo de urgencia. Se dio unos días para sondear los apoyos con los que contaba. Los primeros en manifestar el apoyo de su bancada fueron los populares. Con los votos de ambos ya es más que suficiente, pues suman 209 escaños; pero tal y como anunció el propio Patxi López, “con el PP no tenemos nada que hablar”. Pretendían recabar el apoyo de los socios de la mayoría progresista, lo cual no ha sido posible y ha obligado al PSOE a cambiar su argumentario y animar a Génova a sumarse. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Más País y compañía insisten en dos condiciones sine qua non: que no se toque el consentimiento y que la propuesta esté consensuada con Unidas Podemos, recibiendo el plácet de Igualdad.

Los socialistas garantizan que lo primero, el consentimiento, no se toca porque el artículo 178 del Código Penal permanece intacto. Opinión diametralmente opuesta tienen los morados, que interpretan que introducir la violencia e intimidación como subtipo agravado rescata el “calvario probatorio”. Así que no, no cuenta con el beneplácito de Irene Montero. De hecho, si algo ha quedado claro es que Unidas Podemos no aprueba ni una sola coma de la proposición de ley.

Ni lo ocultan, ni hacen ademán de. Más bien todo lo contrario. No solo no evitan el choque, sino que han elevado el tono. Sin ir más lejos, este fin de semana la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha despachado a gusto contra sus socios de Gobierno en un acto en Valencia. Belarra ha percutido sobre tres flancos: las presiones de la derecha a las que, según ella, ha sucumbido el PSOE; la modificación del consentimiento que rescata “el Código Penal de La Manada; y la idea de que Podemos es el único que defiende el feminismo que se echó a la calle entonces al grito de “no es abuso, es violación”.

“El PP, apoyado por sus brazos mediáticos y judiciales, está dispuesto a hacer lo que sea necesario, legal o ilegal, para atacar a este Gobierno de coalición”, expuso Belarra el sábado. Una semana antes, dijo que al PSOE le habían “temblado las piernas” ante esta presión mediática y, por eso, se aventuraron a reformar la ley del solo sí es sí y comprar el discurso de la derecha. En dicha intervención, incluso propinó un severo crochet a la mandíbula de la ministra de Justicia, Pilar Llop, por sus polémicas declaraciones sobre que la violencia es fácilmente demostrable con “una herida”. “Basta de decirles a las mujeres que no tienen heridas que son víctimas de segunda. Si te quedas paralizada por el miedo no eres una víctima de segunda y tu agresor no merece menos pena”, espetó Belarra. Además, agitó la idea de que el PSOE estaba modificando el consentimiento: “Esta es una ley impulsada por Podemos, recogiendo el mandado de cientos de miles de mujeres que dijeron en la calle ‘hermana yo si te creo’, que dijeron ‘no es abuso, es violación’. Una ley que no solo pone el consentimiento en el Código Penal, sino que también protege a todas las mujeres. Las que denuncian y las que no”. En consecuencia, no permitirán que se reotque “la mayor conquista institucional del feminismo”.

Traducido al lenguaje político, los morados están dispuestos a subir las penas aún a riesgo de tintar la ley de punitivismo para atajar las rebajas, pero creen que el PSOE toca el consentimiento y no evitarán el choque. En paralelo, los socialistas alegan que no se cambia ni una coma, que sigue siendo el corazón del texto y que únicamente corrigen los “efectos indeseados”. Las discrepancias son notables y están afectando a la placidez de la coalición. La convivencia en Moncloa se ha visto turbada de tal manera que Justicia lleva sin hablar con Igualdad desde el pasado lunes, según confirmó la ministra Irene Montero. A día de hoy, no hay conversaciones a ningún nivel. Ni entre ministerios, ni a escala orgánica, ni entre los grupos parlamentarios. El debate está siendo intenso también entre las familias que componen Unidas Podemos, ya que mientras Yolanda Díaz se pone de perfil abogando por un consenso que se antoja imposible y los Comunes se abren a negociar enmiendas, la interlocución no existe con un Podemos que duda. No hay una decisión tomada sobre si utilizar la proposición de ley del PSOE y moldearla vía enmiendas o apostar por un nuevo articulado. Pero el tiempo apremia. El 8M, Día Internacional de la Mujer, amenaza con atravesar el debate sobre la reforma de la ley del solo sí es sí. Mala idea para la izquierda, que llegaría fracturada.