La ciudad de Valladolid se enfrenta a una situación económica crítica tras las últimas decisiones municipales que afectan a aspectos públicos como el soterramiento de las vías ferroviarias o la remunicipalización de varios servicios. Una coyuntura que pone en serio peligro la autonomía de sus cuentas por el incumplimiento de la conocida como Ley Montoro que restringe el nivel de deuda pública de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Uno de sus mayores problemas es el del soterramiento de las vías del tren, que era el plan previsto inicialmente y del que se ha vivido un giro de timón radical que va a costar 354 millones. Una cantidad de la que 72,5 millones corresponderán al Ayuntamiento, que habría pagado tres veces menos de optar por el soterramiento. Eso supondrá que tendrá que gastar entre 7 y 8 millones al año durante una década. Algo que afectará al nivel de deuda de la ciudad y que está limitado por la Ley Montoro.

Una decisión que ha provocado una avalancha de críticas. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, Víctor Caramanzana, consideró este martes que el soterramiento del ferrocarril era "irrenunciable" y exigió al Ayuntamiento que abra negociaciones "al máximo nivel del Estado" para que no se descarte esta posibilidad. Un llamamiento al que se sumó el miércoles la patronal vallisoletana, por boca de la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, quien reiteró que la ciudad no debería "renunciar al soterramiento" de las vías del tren y abogó por tener "calma" y "estudiar bien todas las opciones" posibles.

Se trata de un asunto que también divide al PSOE, el partido que gobierna en Valladolid con el apoyo de Sí se Puede Valladolid (SíVA), formación impulasada por Podemos en las municipales -aunque ahora se han desvinculado- y que se opone al soterramiento. En la última asamblea del partido, la división entre los socialistas fue patente, con fuertes críticas por los militantes de los barrios a los que afecta el paso del ferrocarril. Un malestar al que se ha sumado públicamente Cecilio Vadillo, ex subdelegado del Gobierno en la ciudad y rival del actual alcalde, Óscar Puente, en el último proceso de primarias. Vadillo ha criticado que "no haya habido una posición de partido" y que la opción de no soterrar sea "una solución muy pobre, poco ambiciosa".

División también es la que provoca la remunicipalización del servicio de agua de Valladolid, que llevaba 20 años en manos de una empresa privada. La decisión del Ayuntamiento es inédita y afecta a una de las aguas más baratas de España, según Facua, cuya calidad había mejorado exponencialmente desde 1996. Pese a esto, el equipo de Gobierno ha tomado la decisión alegando que así el agua subirá un 0,97%, pese a que en su primer anuncio, en julio de 2016, presumían de que el incremento sería de 0,76%. La decisión fue tomada el 30 de diciembre en un tenso pleno con toda la oposición en contra y la advertencia del PP de que revertirá el sistema de 2019 si vuelve al poder.

En el aire también están los derechos de los trabajadores de la etapa privada, que en sus reuniones con el Ayuntamiento han mostrado su preocupación. El Consistorio les ha prometido convertirles en trabajadores públicos, con las ventajas que conlleve, pero con el deterioro de que los trabajadores fijos pasarán a ser indefinidos y, además, tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. Y todo con dudas de si se mantendrá su antigüedad, a la espera del documento de subrogación.

Una situación de la que ya alertaron en octubre de 2016 los expertos en el I Foro de Servicios Públicos Municipales en el que, entre otros participó el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Según sus conclusiones, las remunicipalizaciones, y pusieron la del agua de Valladolid como ejemplo, supondrían pérdidas de empleos o el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.

“No hay procesos de subrogación inmediata por parte de los ayuntamientos de los empleos afectados. El modelo de sucesión de empresa que se da entre empresas privadas no se replica de forma automática si un ayuntamiento recupera la gestión”, señalaban. Y explicaban que en la mayoría de casos, las empresas dedicadas a estos asuntos trabajan para varios municipios y tienen “modelos de gestión globalizados” y cubren sus costes con los ingresos globales. Algo que no puede suceder si cada municipio se convierte en una empresa aislada.

Conflictos que se pueden multiplicar este 2017, por la intención declarada de Sí se Puede Valladolid por seguir imitando el modelo y remunicipalizar los servicios de limpieza, parques y jardines. La portavoz de (SíVA), Charo Chávez, ya ha advertido de que que su formación se mantendrá aún más vigilante para que se diseñen y avancen a buen ritmo los proyectos pactados con el equipo de Gobierno y los que acaban de incorporar al Presupuesto municipal para 2017.