Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros vuelven a estar bajo la atenta mirada de Hacienda y, en consecuencia, en el foco mediático debido a que la Agencia Tributaria ha detectado que el estudio de arquitectura de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid facturó a una sociedad de su marido por asesorar una compraventa de un edificio, la cual nunca se realizó.

El matrimonio compuesto por ambos dirigentes de Vox ha protagonizado varios casos similares al que publicó el pasado martes eldiario.es y por los que se ha puesto en entredicho tanto la labor de asesoría del estudio de arquitectura de Monasterio como de las empresas del portavoz parlamentario. Este periódico repasará a continuación los más relevantes.

Factura falsa de casi 170.000 euros

La Agencia Tributaria habrían defraudado por haber emitido una factura falsa de 169.400 euros por un trabajo inexistente de asesoramiento ante la compraventa de un edificio de lujo.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 con el edificio de Madrid situado en el número 3 de la calle General Castaños, propiedad de la familia del dirigente de Vox y quien se dirigió al asesoramiento de su mujer para llevar a cabo el estudio de compraventa. Pese a facturarlo e incluirlo en sus respectivas declaraciones y las de sus sociedades -Premium Capital Management SL y Citrum SL-, este trabajo no fue más que una “simulación”, ya que jamás se materializó.

La sentencia de Hacienda es firme desde julio de 2022 y ya está judicializada después de que la pareja recurriese ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En esta operación, Espinosa de los Monteros se habría embolsado 625.000 euros. Por su parte, Rocío Monasterio y Asociados SL declaró ingresos por 140.000 euros más 29.400 de IVA por un trabajo del que no aparecen rastreos suficientes como para concluir que se llevara a cabo, según apunta la investigación de la Agencia Tributaria.

Segunda fraude de Espinosa de los Monteros

Este miércoles, eldiario.es añade que la operación de venta del edificio de la familia de Iván Espinosa de los Monteros provocó al portavoz parlamentario un segundo problema con la Agencia Tributaria, adicional al expuesto en las líneas anteriores. Así las cosas, una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente ultraderechista había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF al intentar atribuir a dos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL trabajos que había realizado él.

De igual manera que la participación del estudio de arquitectos de Monasterio, la de las dos sociedades de Espinosa constituyeron "una simulación", según consta en los procedimientos del TSJM a partir de los recursos presentados por el matrimonio. En este segundo caso, el marido de Rocío Monasterio debió declarar 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajo de las sociedades.

Después de la inspección de la Agencia Tributaria por la operación desarrollada entre 2015 y 2017 llegó una liquidación al portavoz de extrema derecha en el Congreso de la que resultó una deuda de 293.381,57 euros, equivalente a la suma de lo que había dejado ingresar por IRPF más 24.704,48 de intereses de demora. El propio Espinosa de los Monteros ha reconocido que después de que la Agencia Tributaria descubriera las irregularidades de 2019 pagó "hace dos años" la cantidad a Hacienda. 

Monasterio vulneró la ley en la obra del ‘loft’ de Arturo Valls

En lo que concierne a las actuaciones de la líder de Vox en la Comunidad de Madrid sobre sus operaciones como arquitecta, destaca el mediático caso del ‘loft’ propiedad del presentador de televisión Arturo Valls.

Fue a finales de enero de este año cuando la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la “ilegalidad” de la obra que realizó la empresa de Rocío Monasterio, ya que “se vulneró la legalidad urbanística” porque se realizó sin la licencia necesaria y sin contar con los “permisos municipales” para realizar el cambio de uso del inmueble. Cabe recordar que la operación urbanística consistió en convertir un local comercial del barrio de Lavapiés en vivienda.

La sentencia instó a Monasterio a pagar a Valls un total de 8.043 euros por daños y perjuicios y, en lo referente al estudio Diseño de Ambientes para el Confort SL, le obligó a ejecutar a su cargo todas las obras de reparación, reforma, sustitución, adaptación y adecuación en aras de “adecuarlo a la legalidad urbanística”.

Los hechos se remontan a 2005, cuando Vals contrató los servicios de arquitectura de Monasterio para realizar esta operación. Ya en 2019, el actor demandó a la política de Vox por incumplir los contratos de consultoría que se acordaron en la reforma y por los que llegó a pagar 116.000 euros.

El País publicó un mapa en el que daba cuenta de todos los ‘lofts’ en los que el matrimonio operó mediante sus empresas y en el que contabilizaron 18 casos con obras irregulares por todo Madrid.

Condena del Supremo por las obras ilegales del chalé de lujo

Otra de las polémicas que rodean al matrimonio Monasterio – Espinosa de los Monteros es la condena del Tribunal Supremo a este último a pagar su deuda de 63.183 euros -además de intereses y costas judiciales- por intentar eludir el pago de parte de las obras de su chalet de lujo y vivienda familiar a través de una sociedad a su nombre, Pedro Heredia 6 SL.

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados adquirió una vivienda con jardín en las zonas más exclusivas de la capital en 2010, por la que solicitó una hipoteca de 1,2 millones de euros y, posteriormente, la transformó para que fuera una casa de cuatro plantas y cerca de 550 metros cuadrados. Una reforma que finalizó en 2012.

Posteriormente, el inmueble de lujo se puso a la venta por valor de tres millones de euros, según reza la primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid en 2014 contra Espinosa de los Monteros, la cual este recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid un año después. Nunca se llegaron a pagar las deudas reclamadas.

En el juicio de 2016, la empresa perjudicada dio un paso al frente para demandar directamente al dirigente. Dos años más tarde, la justicia dio la razón al demandante y el Juzgado de Primera instancia número 36 de Madrid obligó a pagar a Espinosa de los Monteros los 63.193 euros y que, en 2021, ratificó el TS.

Otras polémicas

Tal y como recogió el pasado mes de enero InfoLibre, hay otros casos de irregularidades y polémicas que rodean a las operaciones en forma de sociedades que realizó Espinosa de los Monteros.

En primer lugar, tanto varios informes policiales como el auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional revelaron que Gestión Inmobiliaria Habitabile SL, una sociedad en la que el dirigente de Vox llegó a figurar como administrador mancomunado, fue partícipe en una promoción inmobiliaria en la que estuvo presente Proyecto Twain Jones SL, una de las empresas investigadas en la trama Gürtel. A título personal, Espinosa de los Monteros no llegó a declarar como testigo. Finalmente, el gran accionista de Twain Jones, Jacobo Gordon no ingresó en prisión por mostrar su arrepentimiento y colaborar con la justicia, esquivando así una pena de cinco meses.

En paralelo, también cabe recordar cómo el marido de la candidata a la Presidencia de Madrid sí que se sentó en el banquillo al haber sido acusado de estafa inmobiliaria en un caso referente a otro edificio en el barrio San Blas, e la calle Albarracín, y que estuvo bajo investigación allá por 2009. Espinosa de los Monteros, al final, resultó absuelto debido a que la Fiscalía no consideró que se produjo engaño con relevancia penal.

Como tercer punto, hay que remontarse a finales de 2007, cuando la empresa Metaphore Project Management SL -ahora conocida como Premium Capital Management SL- y de la que Espinosa de los Monteros es administrador único, actuó como intermediaria en la venta de un local. La sentencia absolutoria de 2013 que condenó a la compañía por impago de 12.644 euros por lo que se dejó a deber a un subcontratista en 2008 reflejó que la empresa de Rocío Monasterio operó “en todas las fases constructivas como dirección facultativa”, pese a que la política madrileña, en aquellos años, no contaba con el título.  Monasterio presentó su trabajo de fin de carrera en 2009 y no se colegió hasta el 21 de diciembre del mismo año, por lo que la mediación en estas obras no se realizó de forma regular.