Damià Calvet, titular del departamento de Territorio y Sostenibilidad, ha tardado cinco días en traspasar al Estado la culpa del conflicto entre el taxi y los conductores de VTC que mantiene colapsada Barcelona. “Estamos aquí porque el Estado ha dimitido de sus responsabilidades", afirmó. Antes de su comparecencia en el Palau de la Generalitat, en declaraciones radiofónicas amagó con pedir al gobierno central que vuelva a legislar sobre una materia traspasada a la Generalitat con los votos favorables de PDeCat y ERC.
La perplejidad por la amenaza del conseller de congelar el decreto de regulación de los VTC ante las discrepancias con el Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona y por la intransigencia entre los dos sectores enfrentados solo es comparable a la que se vive en ERC por la decisión de Carles Puigdemont de pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) contra el acuerdo de la Mesa de negarle la posibilidad de votar por delegación. ERC, a diferencia de JxCat, asumió la suspensión decretada por el juez Llarena de los diputados procesados, evitando con la decisión un nuevo episodio de desobediencia de consecuencias graves para el presidente del Parlament y la mayoría independentista de la Mesa.
La petición de nulidad de dicho acuerdo presentada por Puigdemont, para sorpresa de los socios republicanos del gobierno Torra, tensa un poco más las relaciones internas de los dos grupos, muy dañadas desde hace meses. El argumento de JxCat para justificar esta apelación de su líder al TC, formalmente deslegitimado por la mayoría independentista del Parlament en su momento, se limita a calificar el recurso como un simple trámite para poder acudir a la justicia europea, todo para el buen fin de la lucha por la independencia, aunque sea a costa de la actuación de otros independentistas.
La pasividad de las administraciones para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad, haciéndolo compatible con la huelga, contrasta con la actividad desarrollada por sus portavoces para culparse mutuamente del conflicto
Los portavoces de ERC se han esforzado en quitar hierro a la iniciativa del ex presidente, apelando, formalmente, a la inconveniencia de profundizar en la división independentista a las puertas del inicio del juicio en el Tribunal Supremo. Al margen de las explicaciones técnicas, resulta indiscutible que el recurso lo es contra un acuerdo de la Mesa del Parlament y que obligará al TC a dar la razón a Puigdemont o al presidente de la cámara catalana, lo que no va a ayudar a recomponer las relaciones entre ambos, maltrechas por la actitud mantenida por Roger Torrent desde el primer día de su mandato contra cualquier atisbo de desobediencia institucional.
La huelga de taxis y las piruetas políticas
Nada puede sorprender ya a la opinión pública catalana, muy experta en malabarismos dialécticos para negar contradicciones manifiestas. La batalla del taxi que se está desarrollando en Barcelona desde el viernes está generando un buen cúmulo de piruetas políticas. El decreto ley de regulación de los VTC, elaborado por la Generalitat después del traspaso de esta competencia por otro decreto ley convalidado por el Congreso, ha provocado un descontento general de todos los afectados que han materializado su oposición paralizando la ciudad. La pasividad de las administraciones para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad, haciéndolo compatible con la huelga, contrasta con la actividad desarrollada por sus portavoces para culparse mutuamente del conflicto.
La Generalitat propone una regulación que obligaría al servicio de VTC a trabajar con una precontratación de 15 minutos, abriendo la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran ampliar este tiempo en función de las circunstancias de cada municipio. Al sector del taxi le parece poco, ellos quisieran 12 horas de antelación y a los de VTC excesivo, ellos quieren un decalaje de cero minutos. La alcaldesa Colau, sitúa la espera en una hora y aprovecha para criticar a la Generalitat por la irresponsabilidad de lanzar una propuesta sin consenso. Colau, en su condición de presidenta del Área Metropolitana, aprobó hace un tiempo un reglamento que restringía seriamente la actividad de las nuevas plataformas de vehículos con conductor, que fue muy aplaudido por el taxi, pero fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por invadir competencias del Estado, hoy traspasadas a la Generalitat.
A medida que el conflicto se enquista y la ciudad y sus actores comerciales se tensionan, con pérdidas diarias de un millón de euros, según cálculos del conseller Calvet, la Generalitat desespera de poder sacar adelante su decreto regulador. Por un lado, pide consenso al gobierno municipal, muy inclinado a defender al sector del taxi hasta las últimas consecuencias frente a las plataformas VTC de las que desconfían por su naturaleza; y por el otro, se dirige al Estado en busca de ayuda, de una nueva legislación que les confiera a las comunidades autónomas una mayor fuerza jurídica para poder elaborar una ley integral del sector, no sin antes, acusar al gobierno central de ser el responsable primero del problema, justamente por haberlo traspasado a los gobiernos autonómicos, tal y como estos habían solicitado expresamente, al menos la Generalitat.
