La falta de alumnos motivó que este master sobre Derecho Penal Económico que preparó la URJC junto a la empresa KPMG y que estaba  programado desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 no se llevara finalmente a cabo. El master se estuvo ofertando desde la página web de la Universidad y mediante un completo folleto que incluye objetivos,  programa y profesores del curso. Según informan en el centro de información  de dicho master, pronto se abrirá de nuevo la convocatoria para el próximo curso.

Ponente y acusador, en el Consejo Científico
El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un consejo científico. Como presidente figura el magistrado José Manuel Maza Martín ponente en la admisión a trámite del caso de las escuchas, que acabo con la condena a 11 años de  inhabilitación de Baltasar Garzón. Entre los vocales de dicho consejo se encuentra Gonzalo Rodríguez Mourullo que ejerció la acusación en el citado caso contra Garzón. Rodríguez Mourullo era el defensor  del exdirigente popular Pablo Crespo Sabaris, imputado por la Gürtel.

En la relación de profesores  de este master figuran magistrados, fiscales, abogados, catedráticos y profesores universitarios.

Todos los jueces de las escuchas...
En el plantel de profesores figuran los siete magistrados que componen la sala que juzgó y sentenció a Garzón: Joaquín Giménez, presidente de la sala;  Miguel Colmenero, ponente de la sentencia y que forma parte, además de las salas de los otros dos casos contra Garzón; Manuel Marchena, instructor del caso de Nueva York quien lo cerró por prescripción, incidiendo en su convicción en la culpabilidad del acusado; Andrés Martínez Arrieta que coincide en la causa del franquismo; Francisco Monterde; Luciano Varela, instructor de la causa del franquismo; y Juan Ramón Berdugo.

...Prego también...
Entre el profesorado se cita asimismo al exjuez y ahora abogado Adolfo Prego, ponente en su día en la admisión a trámite de la denuncia contra Garzón  del denominado sindicato Manos Limpias por el tema del franquismo.

...y muchos defensores Gürtel
En el capítulo abogados del profesorado figuran una serie de letrados que en su día asumieron la defensa de personas relacionadas con la trama Gürtel. Es el caso de  Ignacio Ayala, de “Oliva Ayala Abogados”, Joaquín Burkhalter abogado de “Cuatrecases Gonçalves Pereira”; Adriana de Buerba (“Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados”); Ángel González Franco; Luis Rodríguez Ramos, Javier Sánchez Vera (“Oliva Ayala Abogados”); y el citado Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Por el mismo orden y atendiendo al auto inicial Gürtel, se refieren las personas relacionadas con la trama cuya defensa asumieron estos letrados:

Ignacio Ayala: defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y de Alberto López Viejo exconsejero del PP en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional.

Joaquín Burkhalter asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana a quien se acusó de gestionar en el exterior los recursos económicos de la trama Gurtel.

Adriana de Buerba, defensora de César Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla, epicentro de la presunta trama corrupta.

Ángel González Franco representó a  Santiago Lago Borstein a quien se relacionaba con empresas de la trama.

Luis Rodríguez Ramos. Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid quien motivó un informe del ICAM ante el juez instructor y cuyo despacho se ocupó de la defensa por el caso Gürtel de los populares Martín Vasco, Jesús Merino y Guillermo Ortega.

Javier Sánchez Vera representó a Jacobo Gordon Levenfel (amigo de Alejandro Agag).

Lucha contra el blanqueo de capitales
Este master es una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC  y la empresa KPMG  que presenta así la cátedra: “Bienvenidos a la página web de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías... Este es el objetivo y razón de ser de esta Cátedra: fomentar una cultura ética y de transparencia en la investigación financiera de los delitos económicos y fraudes en las empresas”.