"Entre otras cosas, eso es un delito", ha sentenciado Bono, antes de que subrayar que "sea políticamente correcto o no, se interprete bien o mal, el único imperio que hay en un Estado de Derecho es la ley y los indignados tienen que cumplirla".

Representantes del pueblo
El Gobierno, a través de Ramón Jáuregui, ha hecho hincapié en que la democracia se puede perfeccionar, pero no sustituir. "Las agresiones e insultos a los políticos son agresiones a representantes del pueblo. Admito la protesta de dos mil, pero quiero recordar a esos dos mil que ha habido 3.200.000 catalanes que han votado a estos representantes", ha subrayado en respuesta a una interpelación del diputado de ERC Joan Ridao durante la sesión de control al Gobierno.

ERC culpa al Gobierno
Ridau también ha expresado su "más firme rechazo" ante "cualquier intento de coartar el legítimo derecho" de los parlamentarios catalanes de ejercer su labor como representantes de los ciudadanos. Eso sí, ha culpado en parte al Gobierno de lo sucedido por no haber cumplido su compromiso de "regeneración democrática" que incluía su programa.

Sánchez-Camacho vive su día más triste en política
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, cree que lo sucedido marca "un antes y un después", puesto que los indignados han actuado "con agresividad y violencia". En declaraciones en el Parlament, Sánchez-Camacho, que ha tenido muchas dificultades para acceder al hemiciclo en su vehículo oficial, ha pañadido que era el "día más triste" de su vida política.

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, quien ha tenido que acceder a la institución en helicóptero, ha comentado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que es un "atentado a la democracia".

Degeneración del 15-M
También ha condenado los hechos la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano. En su opinión, el 15-M "nació bien", representando el descontento de muchos españoles, pero "se desarrolló mal" y "ha ido degenerando" con la adhesión "de personas con objetivos distintos".