No todos los partidos políticos son iguales, ni todos los partidos políticos gobiernan para todo el mundo. Algunos centran sus políticas en el beneficio de ciertas minorías con elevado poder adquisitivo, o discriminan en sus programas a la población migrante o al colectivo LGTBIQ. Precisamente durante esta semana, los principales partidos en la carrera a la presidencia del Gobierno han publicado sus programas electorales de cara a las elecciones generales del 23 de julio, de los que este redactor ha hecho un batido intensivo para responder una importante cuestión: ¿Para quién gobernarían el PP y Vox en caso de formar un hipotético gobierno? ¿Quiénes serían los beneficiados y los damnificados de un Ejecutivo conjunto entre la derecha y la extrema derecha?

Para resolver esta incógnita, conviene centrarse en dos apartados de crucial importancia en los programas electorales de ambas formaciones. En primer lugar, se encuentra la economía y todas aquellas ramas que tengan que ver con las condiciones materiales de la ciudadanía: a quién se le suben o suprimen los impuestos, cuál es el destino del presupuesto público, cómo se legisla en materia laboral o cómo se reacciona ante asuntos como la subida de los precios del alquiler y de la vivienda nueva. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, se encuentra la agenda de derechos sociales: cómo se defienden o vulneran los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ, de los inmigrantes y de la clase mayoritaria de este país, es decir, la trabajadora. Ambas ramas, económica y social, determinan las líneas maestras de cada partido, y lo cierto es que las del Partido Popular y las de Vox guardan un gran número de similitudes. A pesar de que el partido dirigido por Abascal presenta una tendencia bastante más reaccionaria que la de los 'populares' en cuestiones sociales, el apartado económico es similar, en tanto que ambas formaciones se caracterizan por su corte neoliberal a este respecto.

Reducción de impuestos a las rentas altas y liberalización masiva

En cuanto a las políticas económicas, los partidos de derecha se han caracterizado históricamente por el laissez-faire, una corriente política cuyo nombre, traducido al castellano, expresa literalmente "dejar hacer", en referencia a la escasa o nula regularización e intervención del mercado económico. Esto incluye bajadas de impuestos masivas, no inmiscuirse en las tendencias del mercado aunque éstas puedan convertirse en abusivas para la ciudadanía, o la libertad del empresario para hacer lo que considere con las condiciones laborales de sus trabajadores.

Al respecto, esto es lo que dicta el programa de Vox:

"Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 € anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.

"Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.

"Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa".

"Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional".

Similar al del Partido Popular, que habla de "alivio fiscal" y de "reducciones tributarias inmediatas":

"Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias y corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media".

"Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal". Realizaremos una reforma integral del sistema fiscal con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo".

"Eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas, y simplificaremos el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos".

"Equilibraremos la relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria y estableceremos un Estatuto del Contribuyente. Incorporaremos el derecho al error en el ordenamiento tributario español, para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento".

Sin embargo, esta política fiscal tiene una consecuencia que, más allá de análisis sesudos y de ideologías, es un hecho probado: el deterioro de los servicios públicos como consecuencia de la disminución de la recaudación. Infraestructuras tan importantes como la Sanidad, la Educación o el Transporte Público ven mermada su calidad al no contar con una financiación fuerte. Esto, a su vez, abre la puerta a otra consecuencia deliberada del modelo neoliberal: la irrupción de empresas privadas en la cobertura de dichos servicios públicos, provocando que lo que es un derecho para todos y que se encuentra disponible de manera gratuita o con precios estrictamente regulados por el Estado, pase a ser un lujo reservado para aquellos que puedan permitirse pagar el precio que, libremente, decidan imponer las compañías privadas por sus servicios.

Cierre de fronteras, discriminación LGTBI y presión sobre las mujeres que necesiten abortar

En cuanto a las políticas sociales, Vox formula sus postulados de una manera mucho más reaccionaria que los 'populares'. La formación de extrema derecha habla en su programa de "derogar la ley de violencia de género", de "deportar con efecto inmediato a los inmigrantes ilegales", o de "suprimir las subvenciones a lobbies proselitistas", en referencia a las organizaciones que luchan por los derechos del colectivo LGTBI.

Estas son las líneas más destacadas de Vox en materias sociales:

"Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas". 

"Creación de un Ministerio de Familia. Promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado". 

"Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud como el cambio de género o el aborto".

"Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, y deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave".

"Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.

"Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración".

"Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales". 

"Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes."

"Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbys u organizaciones supranacionales".

"Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia".

El PP, por su parte, también se acerca a Vox en asuntos fronterizos, pero asegura velar por los derechos del colectivo LGTBIQ y de las mujeres:

"Potenciaremos la inspección fronteriza, incrementando el número y formación del personal, impulsando la implantación del nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje".

"Agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito, a través de acuerdos mejorados con los países de origen o de tránsito para prevenir amenazas a la seguridad y evitar el efecto “llamada”.

"Introduciremos en la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad".

"La violencia de género es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Erradicar la violencia machista, erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer, es un objetivo prioritario para nuestra formación política".

"El Partido Popular defiende el pluralismo y la diversidad como valores intrínsecos de la democracia. Creemos en una España en la que cada persona puede desarrollar su proyecto de vida sin sufrir discriminación de ningún tipo, tal y como recoge el artículo 14 de la Constitución Española. Vamos a seguir trabajando por esa España diversa, por esa sociedad justa, a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades, en la que se respeta y protege a todos los individuos. Aprobaremos una ley que garantice los derechos de las personas transexuales y lucharemos contra todo tipo de discriminación".

Sin embargo, toda esta protección de derechos LGTBIQ y de las mujeres con la que el PP llena su programa ha quedado en agua de borrajas después de que el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo no muestre problema alguno en pactar por toda España con la extrema derecha, con un marco argumentativo, como se ha podido leer, mucho más agresivo y reaccionario en estas cuestiones. Es más, el único conato de disidencia que ha surgido en el seno de los 'populares', por parte de la extremeña María Guardiola y su inicial negativa a pactar "con los que usan el trazo gordo y discriminan a los homosexuales, a las mujeres y a los inmigrantes", fue rápidamente silenciado por la dirección nacional del partido, instando a Guardiola a suscribir un pacto con la extrema derecha. 

De esta forma, la llegada a La Moncloa del Partido Popular y de Vox no supondrá para usted ningún retroceso si es español, blanco, heterosexual y goza de una buena situación económica. Si, por contra, pertenece al colectivo LGTBIQ, si se ve en la necesidad de interrumpir tu embarazo, si ha tenido que emigrar a nuestro país para buscar un futuro mejor, si su despido pende de un hilo o si no puede permitirse pagar un seguro médico privado, las medidas expuestas en las líneas anteriores pueden ir contra su bienestar. A su vez, cabe no desmerecer otros aspectos de vital importancia como lo son la educación, la cultura, la justicia o el marco europeo, en los que ambas formaciones siguen también una línea conservadora.