La reforma del delito de sedición apenas gatea y ya hay voces que pretenden ir más allá. Este lunes la Mesa del Congreso se reúne para, entre otras cosas, iniciar los trámites parlamentarios tras el registro conjunto de PSOE y Unidas Podemos. El siguiente paso lo dará la Junta de Portavoces, agendando un debate a la totalidad que votará el previsible veto de la oposición y; una vez superado gracias al denominado bloque de investidura, se abrirá el plazo para presentar enmiendas parciales al articulado. Será entonces cuando los grupos parlamentarios pulan la propuesta con sus respectivas modificaciones, entre las cuales una en concreto ya pide paso: la reforma del delito de malversación.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) celebró como una victoria la propuesta de Moncloa de sustituir la sedición por un delito de desórdenes públicos, lo que implica una rebaja en las penas de 10-15 años a cinco como máximo y una inhabilitación que no superaría los ocho. “Es un gran paso adelante”, sostienen fuentes del partido consultadas por ElPlural.com, pero no es suficiente. El presidente de la formación independentista, Oriol Junqueras, ha vinculado la posibilidad de pactar los Presupuestos de la Generalitat con el PSC al compromiso de reformar también el delito de malversación. Así lo ha deslizado en una entrevista en El Periódico, donde ha lamentado que los socialistas catalanes “no han mostrado ese compromiso con la lucha contra la represión”, lo que dificultaría un acuerdo regional.

ERC presentará una enmienda para reformar la malversación

El president, Pere Aragonès, ha confirmado que Esquerra presentará una enmienda para reformar la malversación y Moncloa ha recogido el guante, pero no lo ha hecho suyo. Fuentes del PSOE orillan el debate enmarcándolo en la tramitación parlamentaria, un extremo que ha sido ratificado por varios ministros que han desfilado este lunes por diversos medios de comunicación.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado en los micrófonos de la Cadena SER que “en la tramitación se puede plantear modificar el delito de la malversación”, aclarando que ERC aún no les ha planteado nada por ahora. “Hay muchos delitos relacionado con lo que pasó en 2017 que no se han propuesto. No olvidemos que la clave es construir convivencia”, ha razonado. En todo caso, cualquier reforma del Código Penal ha de ser “razonable” y, en consecuencia, lo estudiarán llegado el momento: “Necesito ver los papeles”. Por su lado, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha confesado desconocer las enmiendas que se puedan presentar al texto, pero en cualquier caso, ha hecho una fervorosa defensa del poder legislativo, esgrimiendo que habrá de afrontarse un debate parlamentario “con rigor y seriedad” y saldrán adelante las que susciten el respaldo del hemiciclo.

Plazos: ¿A finales de año?

El PSOE ha evitado imponerse plazo alguno para concretar la reforma. Patxi López, durante su comparecencia antes del registro el pasado viernes, se limitó a referir que “cuanto antes”. Jaume Asens, presidente del grupo confederal, sí que fue algo más explícito: “Podemos empezar el próximo ciclo con la ley aprobada”, toda vez que las negociaciones prosperen y no encallen como ha ocurrido con otros buques legislativos como Vivienda o Mordaza.

No obstante, el endiablado calendario sitúa a Asens en el universo de los anhelos. La próxima semana arranca el debate definitivo sobre los Presupuestos Generales, cuya votación será el 24 de noviembre, y antes de finalizar el año Moncloa esperaba dar salida a Vivienda y Mordaza, ambas con mucha plancha aún pendiente. La Mesa del Congreso inicia hoy el trámite de la reforma del delito de sedición y será incluida en el orden del día de la próxima Junta de portavoces, que agendará un pleno de la Cámara para debatir la totalidad. Una vez superados los previsibles vetos de la oposición, arranca la etapa de las enmiendas, que desembocarán en una ponencia, debate en comisión y un pleno que vote el articulado definitivo.

Puliendo la ley

En el texto registrado por los partidos que conforman la coalición no figuraba mención alguna a la malversación, aunque el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo descartó: “La propuesta es cambiar el delito de sedición y homologarlo a Europa. Ahora viene la tramitación parlamentaria. Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”, respondió Sánchez en una entrevista en La Vanguardia.

La propuesta de socialistas y morados no solo ataña a la sedición. El nombre con el que registraron la norma es Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; un paraguas con el que acometerán una profunda reforma del Código Penal que impactará en otros tipos delictivos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas. Se trata de “armonizar la legislación española para adecuarla a la realidad europea, que es muy distinta”, también el delito de sedición, que data de 1822 y mientras otros países lo han ido modificando con el paso del tiempo, España no ha hecho lo propio, esgrimió el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López.

Así quedaría el delito de sedición

Con el nuevo articulado se pretende eliminar el Capítulo I del Título XXII del Código Penal y modificar el artículo 577, que dibuja quién podrían ser juzgados por este tipo de delitos: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculización las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios”.

Si quien incurre en estas acciones es “una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, estos “serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo”. En caso de “hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por el tiempo de seis a ocho años”.

Las penas de los apartados anteriores se impondrán siempre “en su mitad superior” si portan instrumentos peligrosos o conlleven actos de pillaje; y en su grado máximo si se portan armas de fuego. Asimismo, provocar, promover o conspirar para impulsar conductas como las descritas anteriormente, será punible “con penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas”.

Se recogen también penas de entre seis meses y dos años para quienes provoquen avalanchas, estampidas o reacciones semejantes que pongan en riesgo la vida y salud de las personas; y todas las penas serán complementarias a las que pudieran derivar de lesiones, amenazas o coacciones.

Cercan también la tipología del delito para “los que, sin hacer uso de violencia o intimidación ocupen o invadan, contra la voluntad de su titular”, el domicilio de una persona jurídica o privada, ya sean despachos, oficinas o cualquier tipo de establecimiento y causan “una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal”. En estos supuestos, la pena de prisión va de tres a seis meses o multa de seis a dos meses.

Por último, si la rebelión o el desorden público lo acomete “una organización o grupo terrorista”, o un lobo solitario, “se castigará con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos”.

De esta forma, el Gobierno rebaja las penas de prisión de los 10 a 15 años del Código Penal actual a los 3-5 años que establecería la nueva normativa. La inhabilitación también desciende de los 10-15 años a entre seis y ocho.