En las horas previas a la declaración de Mariano Rajoy ante el tribunal Gürtel, con la que consiguió la dudosa condecoración de erigirse como el primer presidente del Gobierno de España en activo que tiene que acudir a declarar por un caso de corrupción, desde ELPLURAL.COM nos preguntábamos si sería la primera de muchas. Ya suma una, la del día 26 de julio, y este jueves la Diputación Permanente se ha reunido en el Congreso de los Diputados para decidir, entre otras cosas, que Rajoy deberá acudir al Parlamento a ofrecer explicaciones tras su declaración ante la Gürtel. Ciudadanos no cree necesario que asista, pero el PNV ha decantado la balanza posicionándose del lado de PSOE, Podemos, Compromís, PDCat y EH Bildu. ¿Por qué sí debería justificarse en sede parlamentaria?

Rajoy y su viaje a Canarias

Mintió. Mintió y podría volver a hacerlo. El presidente del Gobierno acudió a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares citado en calidad de testigo, una condición que le obliga, por ley, a decir la verdad. Y no lo hizo. Se sospechaba que un viaje de vacaciones que realizó con su familia a las Islas Canarias en marzo de 2004, tras la derrota electoral frente a José Luis Rodríguez Zapatero, fue sufragado por la trama Gürtel. “Lo pagó mi partido hasta donde yo sepa”, aseguró Rajoy. Mentira.

Según desveló en exclusiva el redactor Jefe de este periódico, Marcos Paradinas, el viaje fue sufragado por el Congreso de los Diputados, tal y como demuestran las facturas, incluidas en el sumario del caso.

El presidente debería de explicar dos cosas: por qué mintió y por qué sus vacaciones las pagó el Hemiciclo y, por inercia, todos los españoles. No obstante, mentir en el Parlamento no es delito, por lo que, si ya mintió en sede judicial, ¿por qué no iba a volver a hacerlo en sede parlamentaria?

Los sobresueldos y su relación con Correa

Al concluir la jornada laboral, durante mi regreso a casa, me encontré con un viejo conocido que me preguntó por la declaración de Rajoy. Su pregunta fue: “¿Cómo es que, con lo que ha dicho, Rajoy sale como presidente y no como imputado?”. No supe responderle.

Y es que, Rajoy había admitido una especie de sobresueldos, tal y como ya hiciera la actual tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, en la Comisión de Investigación sobre su presunta caja B. El líder del PP aseguró que no conocía “en absoluto” la caja B, pero sí que confirmó que existían sobresueldos, aunque los llamó “complementos”: “Cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían complemento que se declaraba a Hacienda. Cuando dejamos el Gobierno dejamos de cobrar ese complemento porque no se podía hacer”, sentenció.

Pero estas palabras no fueron las únicas que podrían haber provocado un cambio de status de Rajoy en el marco del caso. El presidente tiró de argumentario y subrayó que “yo eché a Correa”. Mencionó que se reunió con el tesorero del partido, por aquel entonces Álvaro Lapuerta, y éste “me dijo que algunos proveedores estaban utilizando el nombre del PP en ayuntamientos”. Rajoy reiteró que no conocía a Correa, “le habré visto en algún mitin, si lo conocía era de saludarlo en un acto público y tampoco puedo afirmarlo nítidamente”, pero Lapuerta le había dicho que “algunos proveedores estaban usando el nombre del partido. Yo le pregunté [a Lapuerta] si consideraba que había cosas que no se ajustaban al derecho y me dijo que no tenía pruebas”, pero sí ciertas suspicacias. ¿Y no hizo nada con esas suspicacias?

Un pseudo-gürteliano con privilegios

La Constitución Española reza en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley”. Sin embargo, parece que en función de según qué cargos hayas ocupado, tienes ciertos privilegios. El presidente del Gobierno gozó de varias prerrogativas. La primera, la seguridad. A los manifestantes convocados por Rodea el Congreso (Coordinadora 25S) se les cortó el paso y tuvieron que cantar al presidente del Gobierno todo tipo de preciosidades desde la distancia. Francisco Correa, Luis Bárcenas, El Bigotes…ninguno de ellos tuvo ese privilegio y las lindeces las escucharon desde bien cerca.

Rajoy, además, entró por el garaje para eludir a los medios de comunicación. De hecho, no hay una sola imagen en la que se vea al presidente entrando al juzgado.

Más privilegios, el lugar donde se sentó. El ciudadano Mariano no ha sido el primero en acudir a declarar ante la Gürtel en calidad de testigo, Esperanza Aguirre ya hizo lo propio. Y, a diferencia del primero, ella si que tuvo que responder a las preguntas desde el mismo banco por donde, anteriormente, habían pasado Bárcenas, Correa y compañía. Para diferenciarla de ellos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid lucía una “T” de testigo de proporciones bíblicas.

La ayuda del presidente del tribunal

Pero estos privilegios quedan relegados a un segundo plano si tenemos en cuenta la actitud de Ángel Hurtado. El presidente del tribunal desde un principio intentó torpedear la declaración, voto particular mediante, ya que no era partidario de citar a Rajoy.

Hurtado limitó poderosamente las preguntas. Dejó a los abogados preguntar por los sobresueldos hasta que se le instó a justificar la razón por la que aparece su nombre en los documentos del extesorero. “La pregunta no es pertinente”, sentenció Hurtado, apoyándose en que los Papeles de Bárcenas se investigan en otra pieza separada. De hecho, varias preguntas fueron declaradas “no pertinentes”.

La acusación popular ADADE quiso dejar constancia de sus protestas y pidió un careo Rajoy-Bárcenas. Pero, tal y como era de esperar, Hurtado salió al paso rápidamente: “Eso no es pertinente, no ya porque cada uno diga lo que le parezca, sino porque eso sí que es entrar de lleno en los Papeles de Bárcenas”.

El presidente del tribunal puso la guinda del pastel metiendo prisa a quien osara preguntar. Parecía tener prisa: pedía que se evitaran los comentarios, limitaba las preguntas, llamaba a la cuestión, e incluso llegó a pedir un ritmo más propio de televisión porque “nos quedamos sin tiempo”. A un servidor, así como diversas fuentes consultadas, no le constaba que un interrogatorio judicial pudiera tener un límite máximo de tiempo.