La información publicada por ElPlural.com en relación a las adjudicaciones millonarias y las prórrogas infinitas de ciertos hospitales madrileños al Grupo Empresarial Electromédico están generando un gran revuelo político. El mantenimiento de los equipos electromédicos recae sobre este conglomerado empresarial -Iberman, ITH Maroc y Asime- sistemáticamente, los concursos públicos llegan tarde o siguen en proceso de producirse y, mientras tanto, las cifras destinadas por la sanidad madrileña a GEE se cuentan por decenas de millones de euros.
30 millones en La Paz y cientos de miles en el Carlos III, ambos regidos por Rafael Pérez-Santamarina Feijóo -médico personal de Rajoy y exsecretario general del ministerio de Sanidad cuando Ana Pastor ocupó la cartera-; 14 millones de euros concedidos por el Ramón y Cajal desde 2003, con Juan José Equiza al frente, conocido como el externalizador y sobre el que penden sospechas de haber incumplido la ley de contratos desde tiempo atrás; y 22 millones en el Clínico San Carlos, bajo las directrices de un José Soto Bonel al que la clase política ya ha pedido la dimisión en más de una ocasión.
Dimisiones que no se producen mientras las prórrogas ilegales se suceden. Los hospitales reconocen la información, más allá de poner como excusa que, mientras se abre el proceso (hasta diez años tarde), es preferible seguir contando con los servicios de GEE que dejar a los centros sin abastecimiento de una maquinaria tan sensible. Excusas aparte, la maquinaria de contratación sigue sin ponerse en marcha, convirtiendo la excepción en regla y librando a la gerencia de las explicaciones pertinentes a las informaciones publicadas.
Por supuesto, las explicaciones políticas merecen un apartado. Diputados en la Asamblea de Madrid del PSOE, Podemos y Más Madrid han querido compartir su visión con ElPlural.com. “No se puede dejar de atender a la gente. Pero tampoco pueden aprovecharse de ello, dejando en el aire este vacío legal. Con la excusa de no cerrar el servicio, se están enriqueciendo y gastando dinero de forma dudosamente legal”, explica Vanesa Lillo, encargada de la comisión de Sanidad de Podemos en la Comunidad.
“Nosotros hemos registrado una petición de comparecencia de todos los directores generales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esto es la continuación a gran escala de este enriquecimiento de sus amiguetes que tan normal es en los gobiernos del Partido Popular”, explica la dirigente, que se muestra dispuesta a luchar con fuerza contra todas las últimas noticias que dejan en muy mal lugar al gobierno autonómico, evidenciando la falta de liderazgo para asumir un cambio integral que acabe con el caciquismo de un servicio público convertido en zona de refugio de fichajes y colocaciones.
“Estamos viendo un ejemplo más de lo que significa la gestión para el PP, que no es otra cosa de aprovecharse de lo público para enriquecer a sus amigos. Seguiremos investigando la información, para que este servicio indispensable esté regulado a la ley de contratación”, explica Lillo. “Esperamos que la petición registrada tenga a bien que el consejero de Sanidad dé la cara y explica todas estas incongruencias. Acaba de empezar el Gobierno y tendrán que explicar cuáles son sus intenciones reales”, sentencia la portavoz morada.
