El grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo ha enviado una carta al presidente de la institución, David Sassoli, para expresar su "absoluto rechazo al mensaje franquista publicado la semana pasada por el eurodiputado Hermann Tertsch, del partido de extrema derecha y neofranquista VOX" y reclamar "una declaración formal rechazando el contenido del correo electrónico de Vox".

Los eurodiputados que integran el grupo consideran que el mensaje de Tertsch "no cumple con el acervo comunitario sobre memoria democrática y protección de víctimas y que proviene de un partido que no condena el franquismo, que participa en actos de glorificación y banalización de esta dictadura".

Un delito castigado en Alemania o Italia

"El mensaje enviado la semana pasada sería castigado como delito en Alemania o Italia si se refiriera a Hitler o Mussolini", afirma la carta enviada al presidente del Parlamento Europeo, que adelanta Eldiario.es.

"En España, por la inadecuada aplicación del acervo comunitario en memoria, el neofranquismo opera con total impunidad, y este es uno de los aspectos que el nuevo borrador de la Ley de la Memoria, criticado por el eurodiputado Hermann Terstch, pretende corregir", añade la carta.

El mensaje de Tertsch

El eurodiputado de Vox envió un correo electrónico en el que comparaba "la profanación de la tumba" del dictador con la persecución de los cristianos en los años 30 del siglo pasado", al afirmar que "socialistas, comunistas y anarquistas en España asesinaron a más de 12.000 sacerdotes y monjas, decenas de obispos y altos clérigos".

El polémico eurodiputado decía además que: "la nueva ley impone una versión parcial, unilateral, injusta, manipulada y sectaria. Como se especifica en el anteproyecto de ley, cualquier infracción por parte de los ciudadanos será sancionada con penas que podrían alcanzar los 150.000 euros".. Pero la ley prevé sanciones de entre 10.001 a 150.000 euros para las infracciones muy graves como el traslado de víctimas sin autorización, la destrucción de fosas de víctimas, la destrucción de lugares de memoria y la autorización o participación en actos que «inciten a la exaltación de la Guerra Civil o de la Dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

El polémico eurodiputado continúaba diciendo que "todo ciudadano que no apoye, siga y obedezca la versión tendenciosa y falsa de la ‘verdad gubernamental’, la del Frente Popular sobre el pasado, la república, la Guerra Civil y el franquismo será severamente sancionado", algo que también es falso ya que la ley solo condena "la apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra civil española o del franquismo" y extingue aquellas asociaciones o fundaciones que lo hagan.

Tertsch defendía que el "Parlamento Europeo debería pedir al gobierno de izquierda radical en España que deje de intentar imponer los mitos y mentiras del comunismo como verdad oficial y ponga fin a su intento de reprimir la verdad y de iniciar el enjuiciamiento judicial de los hechos históricos". 

Miembros del Grupo de la Memoria

El escrito enviado al presidente del Parlamento Europeo está suscrito por: Clara Aguilera (PSOE/S&D); Pernando Barrena (EH Bildu/GUE); Izaskun Bilbao (PNV/Renew); Toni Comín (Junts/No Inscritos); Manu Pineda (IU/GUE); Clara Ponsatí (Junts/No Inscritos); Carles Puigdemont (Junts/No Inscritos): Sira Rego (IU/GUE); Diana Riba i Giner (ERC/Verdes); Jordi Solé (ERC/Verdes); Miguel Urban (Anticapitalistas/GUE); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú/Verdes); Idoia Vilanueva (Podemos/GUE); Ana Miranda (portavoz del BNG y ex eurodiputada).

Su carta

En su carta, los eurodiputados señalan que "el deseo de libertad de la gran mayoría de los habitantes del Estado español dio lugar a un proceso de transición que impidió que los numerosos franquistas que ocupaban puestos clave en la administración del Estado y la justicia fueran juzgados por sus delitos. Durante el proceso, se aprobó una ley de amnistía que, con el tiempo, se ha convertido en una ley de punto final. Numerosas organizaciones internacionales desde Naciones Unidas hasta el Consejo de Europa han denunciado esta anomalía y aconsejado que debe ser corregida. Este Parlamento ha pedido abrumadoramente que se investiguen todos los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por Franco, ocurridos en suelo europeo".