Tras las elecciones generales del pasado 28A el Partido Popular sabría que llegaría este día. Y ya está aquí. Los catastróficos resultados de Pablo Casado han provocado un agujero de proporciones bíblicas en las arcas de la formación, hasta el punto de confabularse con la hipotética venta de su sede, Génova 13. Los populares estaban abocados a perpetrar un ERE, aligerar su estructura para no caer en bancarota. Y los despidos ya han comenzado.

Al menos seis trabajadores, dos del Congreso y cuatro del Senado, han recibido por carta el anuncio de su despido, según publica la Cadena SER. Unas destituciones que se han ejecutado no exentas de polémica.

Los trabajadores afectados (conocidos, podría haber más) tenían contrato fijo y más de 30 años de antigüedad a sus espaldas, condición que no ha impedido que el PP les haya trasladado al Grupo Parlamentario en “excedencia forzosa”. Al menos, tuvieron el detalle de informarles de que se les “reserva la plaza, categoría, nivel, trienios y demás derechos”.

Pero hay otra arista. Según informa la citada cadena, el PP les ha comunicado que han pasado a ser “eventuales” y les ha despedido con 12 días de indemnización por año trabajado y limitando a cuatro años su antigüedad (duración de una legislatura); rebajando así la cuantía del finiquito que entre los seis ascendería a casi un millón. Con esta maniobra les abonará 37.000 euros (entre todos). El ahorro es del 96,5%.

Y como colofón para sellar un proceso de dudosa legalidad, el partido ha pedido a los ujieres del Congreso de los Diputados que no les deje entrar en la cámara. La SER tiene en su haber una carta en la que uno de ellos explica que "el pasado 23 de mayo al llegar a trabajar en mi turno de mañana encontré una nota manuscrita indicando que les impidiera el acceso (...) por instrucción de dos responsables populares”.

En este sentido, los ujieres advierten que esa decisión solo le corresponde al Portero Mayor.

Asimismo, la emisora recoge testimonios de expertos en derecho laboral que dudan de la legalidad de la maniobra ya que no se puede transformar un contrato indefinido en eventual en función del destino del contratado. Se habría pedido un informe a los letrados, pero el PP no ha esperado a conocerlo. En consecuencia, los trabajadores han anunciado que acudirán a los tribunales, por lo que la polémica continuará.

Un ERE que estaba escrito

Desde el pasado mes de abril Casado sabía que debía acometer un ERE por la debacle electoral. Los populares perdieron más de cinco millones de euros para poder engrasar su estructura. Concretamente, el PP pasó de ingresar 12,8 millones por sus resultados en 2015 a 8,6 millones en esta ocasión.

Las subvenciones que reciben los partidos tras los comicios se calculan en función de tres variables: por escaño conseguido, por votos y por senadores.

Por cada escaño conseguido en Congreso o Senado, los partidos se llevan 21.167,64 euros. Los 66 diputados, sumados a los 56 senadores, dan un total de 122 sillones; que multiplicados por la cifra mentada arrojan un montante de 2.582.452,08 euros.

A estos poco más de dos millones y medio habría que sumarle los 3.418.021,8 euros que según los cálculos, les correspondería por los votos obtenidos.

Sobre los senadores, se aplica el mismo cálculo que sobre los votos. Solo cuentan las papeletas de los senadores consiguen sillón en la Cámara Alta. La subvención por senadores ascendería a 1.705.146,24 euros.

Hay dos cifras aún por determinar que arrojarían mayor certeza sobre las proporciones reales del agujero del PP en sus cuentas. Se desconoce qué cantidad ingresará por el envío de propaganda electoral y, más relevante si cabe, no han informado públicamente cuánto dinero han gastado durante la campaña electoral.

El PSOE fue quien más gastó, con 14,5 millones de euros; lejos de los 19,3 que Mariano Rajoy invirtió en 2015. En la repetición de 2016 la cuantía fue de 12,25 millones.