El vicepresidentes segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha cuestionado la salud democrática del país que gobierna tras trascender que el abogado del PP, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un intermediario de Luis Bárcenas con el beneplácito de Enrique López, secretario de Justicia del PP.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder de Podemos ha hecho un repaso rápido por el currículum del “juez/político Enrique López”, recordando que fue apartado en 2015 del caso Bárcenas por su cercanía al PP, que condenó a Valtonic a 3,5 años de prisión, que fue consejero de Isabel Díaz Ayuso, “negociador” de Pablo Casado para la renovación del CGPJ, medió entre Bárcenas y el PP “mientras ejercía como juez” y, por último, ha recordado que tuvo que dimitir como magistrado del Tribunal Supremo tras ser pillado en moto sin casco y ebrio.

"Normalidad democrática", ha ironizado Iglesias.

Un historial cuestionable

Lo cierto es que, pese a lo crudo de ver a un vicepresidente cuestionando la calidad democrática del país que comanda, en esta ocasión a Iglesias no le falta razón. Pese a los continuos alardes de respeto a la Justicia y de las críticas que vierte el PP a otras formaciones a las que pide respetar su independencia, lo cierto es que López es, sin ningún género de duda, el juez más politizado de España.

Todas sus designaciones han estado envueltas en polémica y siempre de la mano de Génova. Mariano Rajoy le colocó a dedo en el Tribunal Constitucional pese a las reticencias de los jueces, fue recusado en todas las causas Gürtel por sus vínculos con el PP y ha sido rescatado por Ayuso como consejero y por Pablo Casado como responsable de Justicia.

Empecemos por el principio. En el año 2001 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP, es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial, siendo portavoz de dicho órgano hasta el 2008. En ese momento es nombrado como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En el año 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional pese a que su candidatura fue tumbada varias veces por el veto del PSOE. La renovación de este órgano, de hecho, estuvo bloqueada durante tres años hasta que el PP accedió en 2010 a retirar su nombre de la terna propuesta por el Senado. En 2013 se produce el nombramiento a propuesta del CGPJ y gracias al voto de calidad del presidente de dicho órgano, otro consumado genovés, Pascual Sala. Y se concreta a pesar de que los jueces consideran que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Además, el mayor de los problemas no era la longevidad de su carrera, sino las carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Constitucional que algunos compañeros le atribuían.  A todo esto, habría que sumarle que acostumbraba como vocal del CGPJ a cuestionar las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con todo el quilombo montado, Enrique López duró apenas un año en el cargo. Fue forzado a dimitir tras ser cazado conduciendo su moto bajo los efectos del alcohol y sin casco.

Regresó a la Audiencia Nacional y rápidamente volvieron los fantasmas. El 30 de octubre del 2015 fue recusado por varias acusaciones populares así como la fiscalía por sus afinidades de todo tipo y colores con los genoveses. Sus colegas de la sala de lo Penal aceptaron las recusaciones y le apartaron de la PS 1 Época 1999-2005. Posteriormente también ha sido recusado y apartado en las piezas separadas de la Caja B; AENA, JEREZ y Visita Papa a Valencia.

La clave de su recusación en las causas que salpicaban al PP radica en que fue un estrecho colaborador de FAES,el think tank del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante años trabajó como ponente y/o asistente para esta Fundación. Solo entre el año 2003 y el año 2008 participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada por los que ha cobrado sin complejos. 

Después, el CGPJ tuvo a bien nombrarle, junto al juez Eloy Velasco, para el puesto de vocal de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, hasta que el Tribunal Supremo anuló su nombramiento.