Las negociaciones postelectorales siguen dando dolores de cabeza y, también, llevándose alguna por delante. La última ha sido la del delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia pero por decisión propia, no por orden del Ejecutivo de Rajoy, a pesar de que lleva un año imputado por un delito de corrupción de manual. Joaquín Bascuñana ha decidido dejar su cargo ante las más que probables presiones de su partido, el PP, para el cual es indispensable el apoyo de Ciudadanos para seguir gobernando en la Comunidad murciana.
Imputado por prevaricación
Antes de ser delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana había sido senador y consejero de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno regional, durante cuya etapa firmó una resolución que aprobaba una recalificación a suelo urbanizable de un Espacio Natural Protegido. El juez instructor consideró en junio de 2014 que esta actuación podría ser “prevaricadora” ya que los terrenos estaban calificados como Suelo No Urbanizable de Protección Especial y se estaría vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales.
Dimisión, no cese
Ante esta imputación desde hace un año, resulta curioso que no fuese el propio Gobierno central el que cesase a Bustamante. El propio delegado aseguró tras las elecciones del pasado 24 de mayo que no se planteaba dimitir para favorecer la gobernabilidad, pero aceptando que asumiría “cualquier otra decisión” por parte del Consejo de Ministros que era el que le había nombrado.
“Inegociables” de Ciudadanos
La cabeza de Bascuñana era una de las reclamaciones del nuevo partido que tiene la lleve de la gobernabilidad en este tradicional feudo popular. El diputado naranja Miguel Sánchez había advertido que eran “innegociables” para el apoyo de investidura al candidato popular, Pedro Antonio Sánchez, las renuncias o ceses tanto del delegado del Gobierno como la del alcalde de Murcia y secretario general del PP, Miguel Ángel Cámara; y la de la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa.
