Manuel García Castellón, juez que instruye el caso Púnica, decidió imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes entre los investigados en la pieza que aborda la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Cabe destacar que Aguirre ha asegurado que irá a declarar "con mucho gusto" para defender su inocencia y ha negado cualquier vinculación con la trama Púnica, al señalar que el contenido del auto por el que se le imputa es "completamente falso" en lo referente a ella.
A pesar de la seguridad mostrada a la hora de defender su inocencia, los problemas judiciales de la expresidenta de la Comunidad de Madrid siguen creciendo. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADAE), coordinada por el PSOE, pide que se investigue a Esperanza Aguirre en una pieza separada dentro de la Operación Lezo en aras de conocer si ha existido "relevancia penal de la construcción y la gestión y explotación comercial de un bien público como es el tercer depósito del Canal de Isabel II".
El requerimiento pide centrarse en "la parte correspondiente a las instalaciones para la práctica del Golf", unas instalaciones que la propia Aguirre llegó a admitir que eran idea suya. Tanto ADADE como PSOE enumeran una serie de hechos que señalan ciertas irregularidades en torno a la explotación del campo de Canal Golf. Entre ellas destaca el hecho de que "se ignoran las exigencias de modificación del proyecto exigidas por el Ayuntamiento en escrito de 29.12.2006 para la concesión de la licencia de obras, ni se acata, ni se recurre, como si no existiese" y que "debe de tenerse en cuenta que tampoco se licita el proyecto modificado, sino que se le encarga a la empresa que había resultado adjudicataria del primer proyecto pese a las modificaciones acaecidas".
Por otra parte, "antes de la aprobación por el Consejo de Gobierno, ya se había licitado la explotación de Canal Golf", así como que "para la aprobación por el Consejo de Gobierno recurren a la vía excepcional de declarar el proyecto de interés público lo que conlleva una violación flagrante de las normas de urbanismo municipales vigentes al tiempo de tomar la decisión".
Para más inri, el escrito señala que "conocedores de la oposición municipal a la realización de tal proyecto, ni justifican el interés público (que no existía), ni le dan audiencia, ni tratan de incorporar ninguna de las modificaciones pues esto supondría acabar con el proyecto de golf en el que tenían interés personal, y ni tan siquiera comunican la decisión adoptada".
Según estas razones, se pide que sean investigados Esperanza Aguirre Gil de Biedma, presidenta de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabia Lasala, consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, secretario del Consejo de Gobierno, María Jesús Villamedina Díez, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Domingo Menéndez Menéndez, director general de Urbanismo.
