El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado este lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el 'caso Púnica’.

El magistrado las cita a declarar entre los días 1 de octubre y 19 de octubre junto con otros cuarenta imputados, entre los que destacan Ignacio González y el hermano de Francisco Granados. Acepta, de esta manera, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien solicitó las imputaciones de sendas políticas el pasado 2 de agosto. 

“Organización criminal”

Los investigadores apuntan a que el Partido Popular de Aguirre se convirtió en una presunta “organización criminal” que saqueaba hasta ocho consejerías para financiar al partido. Todo ello a través de la adjudicación amañada de numerosos contratos públicos.

Así, la Justicia pone el foco en el ‘saqueo’ de las consejerías de Presidencia, Sanidad, Transportes, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda e Innovación Tecnológica.

Presuntos delitos

Además de un presunto delito de “organización criminal”, la Justicia considera que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid cometió los presuntos delitos de “falsedad documental”, “prevaricación de funcionarios publicos”, “blanqueo de capitales”, “falsedad electoral”, “tráfico de influencias”, y “delito continuado de apropiación indebida”.

Según los investigadores, la “financiación ilícita” no solo fue del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sino también de sus dirigentes a través del presunto desvío continuado de dinero publico.

“Clausulas del 1%” para financiar al PP

Para ello, el Partido Popular de Esperanza Aguirre aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la CAM, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente, a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada.

Dicha publicidad sería solo algunas veces prestada para disimular el verdadero objeto de la licitación: recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el SERMAS, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud.

Según la investigación, el importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió  a 1.190.481,83 euros en el caso de los centros de salud y de 1.883.286,70 en la construcción de nuevos hospitales.

En total, fueron siete los hospitales de los que  que a través de esta cláusula del 1% sirvieron para financiar al Partido Popular. Son los ubicados en Aranjuez, Arganda, Coslada, Majadahonda, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas.

Las reuniones claves de Aguirre a través de Fundescam

Será el 6 de septiembre cuando el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes.

Los informes de la Guardia Civil aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.

En concreto, informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses sitúan a Aguirre en dichas reuniones en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares' madrileños.

Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica).  Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.