Antonio Vercher, Fiscal de Sala Coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.



Dice Antonio Vercher, Fiscal de Sala Coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que en ocasiones ha acudido a algún foro internacional en otro lugar del mundo y allí explica de qué manera empieza a plantearse aquí el que las empresas cumplan con los principios de Responsabilidad Social Corporativa y se atengan a las prácticas correctas. Y cuenta que al terminar, no es extraño que se le acerque algún ciudadano que  le asegura que se alegra mucho de nuestra buena suerte pero que en su país, tal o cual empresa española “no hace lo que usted dice”.

Preocupa esto a Vercher, quien considera que los delitos contra el medio ambiente se deben catalogar como crímenes de iguales o similares características en cualquier lugar del mundo, así como las diferentes responsabilidades que los mismos entrañan.

Doble moral
Porque, a lo que parece, se detecta una suerte de doble moral empresarial que debe tener que ver con el miedo a la penalización en el propio territorio y a la sensación de impunidad en el ajeno. Aun así, la verdad es que el fiscal asegura sentirse feliz porque la reacción social aquí es cada vez más positiva frente a las agresiones al medio ambiente, a la naturaleza, al maltrato animal, a la corrupción en el urbanismo y el territorio.

Condenas por el medio ambiente
De esos temas se ocupa la Fiscalía de Medio Ambiente, así como de los diferentes supuestos de corrupción relacionados con la delincuencia ambiental y urbanística. El fiscal, en el transcurso de una entrevista con ELPLURAL.COM, explicó que durante el año 2013 se produjeron 501 sentencias condenatorias y en el 2014 tuvieran lugar más de 450 condenas en casos de urbanismo.

Ahora, el patrimonio histórico
 Esta pequeña rebaja, debida a las sucesivas condenas que han venido dictándose, pero a la que sin duda también contribuyó la crisis, ha permitido a los fiscales, dice Antonio Vercher, centrarse en temas  no menos importantes como son el patrimonio histórico que no podían atender de manera más plena ante la avalancha de temas urbanísticos y los recursos limitados de la Fiscalía.

Alcaldes condenados
Tras la creación de la Fiscalía Anticorrupción en 1994, los casos Malaya y Ballena Blanca, que pusieron de manifiesto como las mafias blanqueaban dinero a través del urbanismo, puso en marcha la creación de la Fiscalía competente en esa materia y en medio ambiente. Llevan pues aquellos casos que por sus características no se incluyen entre los que son competencia de Anticorrupción. El trabajo no les falta. Los protagonistas no son personas de renombre, dice Vercher, pero lo cierto es que tienen un buen número de alcaldes condenados. Nada que ver, advierte con casos como el de la Gürtel que es potestad de Anticorrupción.

Edificaciones ilegales
Se ocupan, por ejemplo,  de supuestos de edificación ilegal fuera del planeamiento, del tipo del constructor al que le dicen en el Ayuntamiento que, en un futuro próximo, tal zona hoy rustica, será mañana urbanizable. Pero ese futuro nunca llega. Y no siempre el dinero es el fondo del asunto: “En muchas ocasiones existe transacción económica, pero vemos en muchos otros casos favores, por ejemplo, políticos o de otra naturaleza.”.

Vertidos, emisiones, maltrato animal
Un elevado número de personas fueron condenadas el año pasado por agresiones al medio ambiente de la categoría de vertidos, emisiones, extracciones ilegales, delitos en materia de caza y pesca.  Y se han aumentado notablemente las condenas (62 en el año 2014) por malos tratos a animales domésticos, entre las que cabría comprender su abandono, etc., según reseña.

Somos menos malos que antes
Sin embargo, afirma “ahora es cuanto menos malos somos. Por ejemplo, anteriormente se producían de manera casi sistemática supuestos de ahorcamientos de galgos cuando terminaba la temporada de caza, como algo normal. Sin embargo ahora la gente denuncia”. De esta Fiscalía partieron diferentes informes en relación a la Reforma del Código Penal en la materia, reclamando una mejor y más sistemática regulación de la misma.

¿Y con el toro de la Vega?
En su momento lo investigamos, pero se trata de un supuesto expresamente previsto en la normativa legal, por lo que no pudimos hacer nada al respecto.

¿Por qué se denuncia?
Nunca se sabe bien por qué, pero sí vemos que nos viene gente desesperada. Por ejemplo, porque hay una playa siempre llena de envases que nadie limpia. Pero esto no es nuestro, salvo que haya productos peligrosos, pero en ocasiones el simple hecho de preguntar al Ayuntamiento de turno la razón del problema y por qué no se limpia hace que ese Ayuntamiento  se replantee el tema y busque una solución rápida.

¿Hacen falta nuevas directrices legales?
No soy partidario de introducir más planteamientos delictivos, salvo que aparezcan problemas nuevos que exijan un nuevo tratamiento penal. Pero sí que hay que ser consciente de que a medida que pasa el tiempo, temas que creíamos inocuos resultaron no serlo. Pongo un ejemplo: Utilizamos durante mucho tiempo determinados gases de modo alegre creyendo que no pasaba nada y ahora sabemos que hemos estado afectando muy negativamente a la capa de ozono.

Lo que se hace fuera
Todo eso es aquí, pero ¿qué ocurre con las empresas extranjeras que trabajan en España? ¿Y qué hacen las españolas cuando abandonan las normas vigentes en nuestro país para ubicarse más allá de las fronteras? Para el primer supuesto hay pocos elementos de juicio porque dice el fiscal, hay poca inversión extranjera en España. Aunque sí se han producido casos.

Agua contaminada y selenio
De hecho, explica que en España existen varios procedimientos abiertos. “Uno el de unas extracciones mineras que contaminaron con arsénico al acuífero que proporciona agua potable a Sevilla y otras ciudades del entorno. Si no recuerdo mal, la petición de pena para los empresarios responsables asciende a cuatro años de cárcel”.  Otro, en Asturias, donde la Fiscalía ha presentado una denuncia por supuesta contaminación por selenio de un  río en el caso de la explotación de una mina de oro.

¿Y si son las empresas españolas las que trabajan en otros países? ¿Cumplen como aquí o no?
Pues pasa que, en ocasiones, y según diferentes fuentes informativas, tales empresas cometen tropelías ambientales. Considero que se les debe exigir el cumplimiento de la legalidad, así como de determinados principios de buen funcionamiento corporativo, igual que se les empieza a exigir en España, y que deben hacerlo también sus filiales en el extranjero.

Porque los efectos son letales
Por supuesto. Lo que pasa es que en los atentados contra el medio ambiente la leucemia, y otras enfermedades similares, aparecen años después y es complicado encontrar entre ellas una causalidad que inicialmente no aparece en modo alguno clara. Antes se moría de tuberculosis  y ahora de todo tipo de canceres. Todo lo cual está más que documentado.

La cuestión que se discute ahora es: ¿hay que considerar los delitos contra el medio ambiente como crímenes de lesa humanidad?
Algunos tipos, sin duda.

ANTONIO VERCHER NOGUERA. Es coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge y Máster en Derecho por la Universidad de Harvard, ha sido Letrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y profesor en diversos másteres en Derecho Ambiental y Comunitario. Habitual colaborador del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, actualmente es Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo. Ha publicado numerosos libros.