Agentes de los Mossos d'Esquadra han entrado esta mañana en el rectorado de la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Hásel, condenado a 9 meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Decenas de mossos y una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil se ha desplegado desde las 06:30 horas de este martes en las inmediaciones del rectorado para proceder a la detención de Hásel, cuyo plazo para ingresar voluntariamente en prisión finalizó el pasado viernes.

El rapero se encerró este lunes en el edificio del rectorado de la Universidad de Lleida "para ponérselo a la Policía lo más difícil posible" ante su inminente detención y con el objetivo, de visibilizar lo que considera como un "gravísimo ataque" contra las libertades, según declaró Hásel a los medios.

Los mossos identifican uno a uno a los activistas

Lo mossos han podido sortear las barricadas que habían situado en las entradas del edificio el medio centenar de activistas encerrados junto a Hásel en el rectorado, y que han sido arrinconados por los agentes para proceder a la detención del rapero, al que finalmente se han llevado, sin que se produjeran incidentes graves.

Los activistas se han refugiado en la tercera planta del edificio mientras lanzaban algunos objetos a los agentes, que luego han ido identificando a cada uno de ellos.

En el interior del edificio se encontraban también numerosos periodistas y reporteros gráficos que han pasado la noche junto a los activistas y el propio Pablo Hásel.

La Audiencia rechaza suspender la condena

La Audiencia Nacional volvió a rechazar este lunes la suspensión de la ejecución de la condena de nueve meses de cárcel a Hasel, al recordar que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de local. "Con este historial delictivo resultaría absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes, y también una grave excepción individual en la aplicación de la Ley, totalmente carente de justificación, la suspensión de la ejecución de la pena a este penado", argumenta el tribunal.

Según el tribunal, las campañas "que pudieran haber orquestado algunas personas no pueden determinar la inaplicación de la ley vigente, sino su eventual modificación por el Parlamento".